La Semana Santa deja, cada año, más que procesiones y tradiciones: deja preguntas sobre el sacrificio, la responsabilidad y, sobre todo, sobre el rumbo que estamos tomando como sociedad.
Mientras se habla de fe, de redención y de volver a lo esencial, hay realidades que no se pueden ignorar y es la preocupación profunda que genera la alta deserción Escolar y en especial el futuro de nuestros jóvenes.
Las cifras que se resaltan hoy no admiten discurso en Sincelejo, los números ya no solo contradicen a la administración, la desmienten.
7.091 estudiantes desaparecieron del sistema en lo que va corrido de la administración del crash Acuña; el dato más grave es este: entre instituciones educativas públicas y privadas : en 2024 se registraba 66.360 estudiantes, una cifra que en 2026 bajo a 59.269 estudiantes. Lo más preocupante es que la matrícula de transición cayó en un 20,8% , y la educación de adultos colapsó descendiendo en un 47,9%.
Mientras el sistema educativo se contrae, por otra parte, la administración firmaba $256.000 millones de pesos en el (Convenio 001-2024 PAE), donde solo se presento un solo oferente, y con un proceso exprés: hoy este contrato supera los $300.000 millones de pesos , alimentando el déficit fiscal que ya se trepo en los 125.000 millones de pesos, estos datos son escandalosos.
El costo por ración PAE subió 173%. El Ministerio de Educación, a través de la UAPA, ya reaccionó, con un recorte de $7.000 millones al presupuesto del 2026; la razón, los datos reales (41.805 estudiantes) no coinciden con los contratados, ni con los que el alcalde menciona en su rendición de cuentas en el auditorio del Centro Familiar Cristiano ante sus contratistas y funcionarios (50.000 estudiantes).
La cifra oficial es:
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SIMAT: 41.805
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Contrato: 46.790
Así mismo y en paralelo a esta crisis educativa, la administración impulsa el programa “Jóvenes de Paz”, presentado como una estrategia social para rescatar jóvenes en riesgo.
Según la Alcaldía:
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Participan 113 jóvenes, contratados a través de la Corporación 20 de Enero
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Se promueven procesos de formación, liderazgo y convivencia
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Se desarrollan actividades como la charla “Paz Consciente”
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Se busca evitar la vinculación a estructuras criminales
Pero la realidad este programa genera más dudas que respuestas.
En 2024, este programa comprometió más de $7.535 millones, mediante la Resolución No. 1559 del 21 de agosto de 2024, ejecutados en menos de cuatro meses con la Corporación Fiestas del 20 de Enero.
Un gasto desproporcionado y cuestionable, desarrollado así componente logístico:
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1.000 gorras → $30 millones
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1.000 camisetas → $30 millones
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1.000 chaquetas → $80 millones
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1.000 escarapelas → más de $10 millones
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Logística (carpas, sillas, etc.) → más de $150 millones
Además:
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$166 millones en capacitación en apenas 15 días
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Aproximadamente $1.500.000 por joven
Esto plantea dudas serias sobre:
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Proporcionalidad del gasto
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Eficiencia
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Necesidad real de la inversión
Es decir, una política social que termina centrada en dotación y logística, con evidentes sobrecostos y baja trazabilidad del impacto social.
Este programa implica transferencias económicas y beneficios directos a jóvenes.
Por eso, la pregunta técnica es inevitable:
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¿Está condicionado a los jóvenes a la permanencia escolar?
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¿Se verifica que los beneficiarios estén estudiando?
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¿Se cruzan datos con el SIMAT?
Es decir mientras el sistema educativo pierde 7.091 estudiantes, no hay plan de retención, y el PAE presenta inconsistencias y serios cuestionamientos, desde la adquisición de la póliza, sobrecostos y hasta denuncias de familiares del alcalde Acuña quienes presuntamente son los operadores; el municipio por su parte está ejecutando recursos en un programa paralelo, que a simple vista podría estar alimentando la deserción escolar.
Desde el sentido común, esto es claro: Si un joven recibe ingresos sin control y sin exigirle permanecer en el sistema educativo, se reduce el incentivo de estudiar y se incrementa el incentivo de abandonar las aulas. Esto se podría llamarse el incentivo perverso.
Y no es una opinión política: es un principio básico del sentido común, darle plata y autoridad a los jóvenes y estos no volverán a sus casas y menos a las instituciones educativas.
O como advertía el erudito Jean-Jacques Rousseau, cuando al joven se le otorgan medios sin orientación, termina desvinculándose del hogar y de la escuela, no por rebeldía, sino por la ausencia de una guía que dé sentido a su libertad.
Finalmente, hoy en Sincelejo parecen coexistir dos realidades: un sistema educativo que pierde estudiantes y un programa social que entrega beneficios a jóvenes, pero sin una articulación clara entre ambos, o por lo menos no hay evidencia pública de que el programa Jóvenes de Paz esté ligado al sistema educativo, sea un mecanismo de retención escolar o exija continuidad académica.
En conclusión, hay varias preguntas que la administración debe responder:
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¿Se están perdiendo miles de estudiantes?
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¿Existe un plan de permanencia escolar?
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¿Se ejecutan programas con incentivos económicos, con cargo a qué recursos?
Porque en ausencia de estas respuestas, la conclusión podría ser: ¿Está la administración del crash a través del programa Jóvenes de Paz generando una desmotivación para que los jóvenes permanezcan en el sistema educativo?
Porque en Sincelejo, los números ya están hablando.
