En un contexto de agudo déficit fiscal, que desembocó en una verdadera masacre laboral, la administración municipal encabezada por Yahir Acuña habría implementado un sofisticado —y aparentemente legal— mecanismo de evasión tributaria que, en la práctica, otorgó un beneficio económico directo al contratista de los tramos viales Consorcio Solución Vial Sincelejo, en claro detrimento de los recursos destinados a programas sociales esenciales para la cultura, el deporte, la atención del adulto mayor, la educación y la seguridad de la ciudadanía sincelejana.
El mecanismo de evasión fiscal se activó cuando la Secretaria de Planeación Municipal, Carem María González Caballero, actuando en calidad de delegada del alcalde Yahir Acuña Cardales (Decreto No. 103 del 25 de enero de 2024), firmó el Decreto No. 588 del 4 de abril de 2025, que priorizó y aprobó el proyecto de inversión para “el mejoramiento y construcción de tramos viales de la malla vial en el municipio de Sincelejo” y designó como entidad pública ejecutora a la cuestionada entidad Fondo Mixto para la promoción de la infraestructura, el desarrollo integral y la gestión social “Sierra Nevada”.
Con estas decisiones, no solo se promovió la implementación de un sistema de contratación marcado por opacidades y vacíos que facilitaron la elusión de los principios del Estatuto General de Contratación de la Administración Pública—proceso que terminó favoreciendo la selección de un contratista “a dedo” y con mínima concurrencia de oferentes—, sino que además se allanó el camino para que el contratista elegido, el Consorcio Solución Vial Sincelejo, eludiera la totalidad de los tributos generados por los contratos o convenios celebrados dentro de la jurisdicción del municipio de Sincelejo, incluidas las contribuciones especiales derivadas de los contratos de obra pública.
La jugada inicial consistió en la autoexclusión del municipio de Sincelejo como contratante. La propia entidad territorial decidió eludir el proceso de contratación de su proyecto de “mejoramiento y construcción de tramos viales” y delegar esa responsabilidad en el Fondo Mixto “Sierra Nevada”, entidad ejecutora con domicilio en Valledupar, departamento del Cesar, la cual asumió la convocatoria para seleccionar al oferente encargado de las obras civiles en la malla vial de la capital sucreña. Ese proceso culminó con la sorpresiva elección del Consorcio Solución Vial Sincelejo.
En otras palabras, 34 mil millones de pesos del Sistema General de Regalías, recursos propios de Sincelejo, se entregaron a una entidad vallenata para ser contratados en la jurisdicción del municipio de Valledupar y del departamento del Cesar, aplicando únicamente las reglas laxas de contratación del Fondo Mixto Sierra Nevada para ejecutar obras que, paradójicamente, se realizarían en territorio sincelejano.
La escena es tan absurda como si el municipio de Sincelejo contratara una banda de porro en Valledupar, tierra del acordeón, para que viniera a tocar porro y fandango en las fiestas del 20 de enero.
El detalle crítico es que, por el solo hecho de haberse designado a una entidad foránea como ejecutora del proyecto —y al haberse desarrollado todo el proceso de contratación, desde la etapa precontractual hasta la firma del contrato y la fijación del domicilio contractual, en Valledupar—, el hecho generador de las sobretasas, tributos y contribuciones en el municipio de Sincelejo y Departamento de Sucre simplemente desaparecieron y dejaron de recibirse por estos conceptos, como fuente de financiación, el 15% sobre el valor total del contrato —$ 34.325 millones de pesos—, es decir, la pírrica suma de $ 5.100 millones de pesos.
El firmar el contrato en Valledupar fue una maniobra que privó a Sincelejo de recursos que, según el Estatuto de Renta Municipal y Departamental debieron ingresar por concepto de diversas cargas tributarias.
Dentro de las cargas tributarias municipales – Acuerdo 2278, de 2020 – dejadas de percibir están:
- 5 % de contribución de obra pública, equivalente a $1.716 millones, destinados a financiar el Fondo Cuenta de Seguridad y Convivencia Ciudadana (Fonsec).
2. 3 % para el bienestar del adulto mayor, por $1.029 millones.
3. 2 % de la Tasa Predeporte y Recreación, que representa $686 millones.
4. 2 % para Justicia Familiar, otros $686 millones.
A ello se suman los tributos del Estatuto de Renta Departamental Ordenanza 130 de 2014:
1. 2 % Pro Universidad de Sucre, por $686 millones.
2. 1 % Pro Hospital Universitario, por $343 millones.
En total, más de $5.1 mil millones que debieron fortalecerse en programas sociales y de seguridad del municipio y el departamento, pero que se esfumaron al trasladarse la contratación fuera de la jurisdicción.
Para corroborar lo anterior, el suscrito columnista presentó derecho de petición ante el Fondo Mixto “Sierra Nevada” con el fin de obtener toda la información pertinente al proceso de contratación del proyecto de mejoramiento y construcción de tramos viales de la malla vial del municipio de Sincelejo. En la solicitud se requirió, de manera específica, el envío de los soportes de pago de impuestos y estampillas.
Sin embargo, solo después de impetrarse una acción de tutela, la entidad remitió algunos de los documentos requeridos, pero omitió responder o entregar los soportes relacionados con el pago de impuestos y estampillas, punto clave para verificar el cumplimiento de las obligaciones tributarias.
Hoy, no solo se premia al contratista Consorcio Solución Vial Sincelejo con un anticipo superior a $8 mil millones de pesos—sin que la ciudad vea frentes de obra significativos para su conectividad urbana, sino que además la propia administración empleó un esquema sofisticado de contratación que permitió que 34 mil millones de regalías salieran de Sincelejo, se contrataran fuera y se ejecutaran dentro para así borrar más de cinco mil millones en impuestos locales que debieron fortalecer la seguridad, el deporte, el adulto mayor, la educación y la justicia familiar.
Mientras tanto, la Secretaría de Hacienda Municipal despliega cobros coactivos a diestra y siniestra contra ciudadanos y empresarios cumplidos para recaudar impuesto predial e industria y comercio, cuando el ejemplo debería empezar por casa.
Qué desfachatez.
