¿Qué pueden tener en común un proyecto de explotación avícola del municipio de Colosó y el festival de escuelas de fútbol Sincelejo Cup 2024? ¿Qué tienen que ver los pollos con las pelotas? ¿O las granjas agrícolas con las canchas sintéticas?
Aunque usted no lo crea, tienen mucho en común, pues ambos son proyectos cuestionados por irregularidades en sus ejecuciones contractuales: retrasos, suspensiones y sobrecostos que han dado origen a sanciones y aperturas de procesos de control fiscal.
Y lo más sorprendente: tienen un sujeto en común. La Fundación para el Progreso, Bienestar Social y Desarrollo Sostenible “FUNPROBIDES”; una sospechosa entidad sin ánimo de lucro que ha conformado consorcios con los que ha ganado licitaciones públicas con la alcaldía de Coloso y contrataciones directas con el Imder en Sincelejo. Cuyas cuantías entre ambos suman un poco más de $ 11 mil millones de pesos.
El caso de las aves colosoanas.
El municipio de Colosó implementó un ambicioso proyecto financiado con recursos del OCAD Paz, provenientes del Sistema General de Regalías, que consistía en la implementación de unidades de explotación avícola para el aumento de la oferta agropecuaria de los pequeños productores campesinos. Se pretendía beneficiar a 484 familias, con una inversión del orden de los $6.166 millones de pesos.

El proyecto incluía componentes educativos, asesorías y fortalecimiento en planes de negocios, estrategias de mercado y organización productiva, así como la entrega de insumos para las unidades productivas —gallinas, concentrados, bebederos, nidos, etc.— y obra civil (construcción de galpones y corrales), que debía ejecutarse en un plazo de seis meses, conforme al cronograma establecido en los estudios previos del proyecto.

La contratación se realizó mediante la Licitación Pública No. LP-002-2022, que terminó siendo adjudicada al proponente “Consorcio Pro Agrario Colosó 2022” por cumplir con los aspectos técnicos, jurídicos y financieros, y encontrarse ajustada la propuesta económica conforme a lo requerido por la entidad territorial.



Posteriormente, se suscribió el contrato de obra pública el 23 de marzo de 2022, por una cuantía de $6.125 millones, con un anticipo del 20%, pagos parciales por avance de obra hasta el 90% y un 10% restante al momento de la liquidación del contrato. El plazo de ejecución era de seis meses.



El consorcio estaba conformado por la Fundación “FUNPROBIDES”, representada por Delvis Marrugo Vásquez, con una participación del 50%, y por Javier Domínguez, con el 50% restante.

Al poco tiempo de firmado el acta de inicio del contrato, comenzaron los contratiempos de diversa índole.
Inicialmente fueron temas climáticos, por lluvias y mal tiempo, pero luego supuestamente se complicaron por la falta de buenos proveedores de madera, mano de obra calificada, inseguridad en la zona y lo más grave: un desequilibrio económico que requería un ajuste técnico y financiero del contrato.

Todas estas causales no solo llevaron a la suscripción de cuatro actas de suspensión, sino, más grave aún, a un retraso de diez meses. El contrato se suscribió el 23 de marzo y el acta de inicio se firmó el 11 de agosto de 2022, debiendo finalizar el 11 de febrero de 2023. Sin embargo, llegó a diciembre con una cuarta acta de suspensión y con solo 38 días de ejecución restantes.

Comenzó el 2024 y, con la excusa del desequilibrio económico, el paquidérmico consorcio mantuvo la obra paralizada, esperando que la nueva administración aprobara un reajuste técnico y financiero que nunca llegó.
Esto originó un proceso de sanción por incumplimiento por parte de la entidad territorial, debido al deterioro de los galpones por abandono, uso de materiales no tratados (como madera), daños causados por plagas y estructuras que no cumplían las especificaciones técnicas (normas NSR-10). A ello se sumó la demora en la entrega de insumos para la capitalización productiva.

Finalmente, el municipio de Colosó expidió la Resolución 623 del 20 de mayo de 2024, mediante la cual declaró el incumplimiento e impuso una multa al “Consorcio Pro Agrario Colosó 2022” por un valor de $368 millones. Hace pocos meses, les confirmaron la improcedencia de una acción constitucional con la que pretendían tumbar la sanción contractual.

Hoy en día intentan retomar las obras y ponerse al día; un contrato de obra que debió durar solo 6 meses ya lleva más de 2 años y todavía sigue en ejecución. Entre tanto, aún hay miles de millones de pesos de regalías en riesgo de detrimento patrimonial.

El festival de los hallazgos
Mientras “FUNPROBIDES” salía con unas largas y otras cortas con los galpones en Colosó, en Sincelejo conformó el “Consorcio Festival Escuela de Fútbol Sincelejo Cup 2024” junto con la Asociación Escuela de Fútbol de Sucre “ASOSUCRE”. A este consorcio le fue adjudicado, mediante contratación directa —a dedo—, el Convenio de Asociación No. 007 de 2024, suscrito con el IMDER por un valor de $4.980 millones, para ejecutarse en tan solo nueve días: del 22 al 31 de marzo de 2024.



Y como cosa rara, las irregularidades en la ejecución de dicho convenio terminaron siendo parte de una denuncia anónima publicada en redes sociales —Facebook—, que originó el Auto No. 021 del 30 de mayo de 2025, emitido por la Contraloría de Sincelejo, para la apertura de una indagación preliminar en materia de control fiscal.


Esto, ante serios indicios de posible daño patrimonial por diferencias considerables en los valores cancelados. En el caso del Convenio 007-2024 del Festival de Escuelas, se habrían generado sobrecostos por cerca de $609 millones, en conceptos como productos de hidratación, alimentación, papelería, uniformes, vallas y material publicitario, todo financiado con recursos provenientes de los impuestos de los sincelejanos.

Y, como siempre, el costo lo paga el ciudadano.
Definitivamente, está demostrado que con la administración del alcalde Yahir Acuña han llegado los contratistas más cuestionados del país. Ya sean fondos mixtos, fundaciones o asociaciones, parece que cualquier figura jurídica es válida siempre que permita evadir los controles del Estatuto de Contratación Pública.
La historia de “FUNPROBIDES” es solo una muestra de cómo los recursos públicos, destinados al desarrollo social y deportivo, pueden terminar convertidos en caldo de cultivo para la improvisación, la ineficiencia y, peor aún, el despilfarro.