En Colombia nos estamos acostumbrando a un péndulo institucional que no debería ser paisaje. El Presidente anuncia una decisión de alto impacto, un decreto sobre el salario mínimo, una declaratoria de emergencia económica, la reglamentación acelerada de una reforma estructural, y, semanas o meses después, el Consejo de Estado o la Corte Constitucional la suspenden, la condicionan o la frenan para estudio. El resultado no es solo jurídico. Es político y, sobre todo, económico.
No se trata de estar a favor o en contra de una medida específica. En democracia es legítimo discrepar del monto del salario mínimo, del alcance de una reforma pensional o de la pertinencia de una emergencia económica. Lo que no es sano es gobernar como si el control judicial fuera un trámite menor, y luego sorprenderse cuando las altas cortes ejercen la función que la Constitución les asigna.
La seguridad jurídica no es un tecnicismo de los abogados; es un activo económico que tiene impactos, positivos o negativos, en la gente, en la economía, en el país. Empresas que no saben si el marco regulatorio que hoy las obliga seguirá vigente mañana. Trabajadores que no entienden si el ingreso que se anunció será definitivo o provisional. Inversionistas, nacionales y extranjeros, que perciben un país donde las reglas cambian dos veces: primero por decisión política, luego por corrección judicial. Esa doble inestabilidad termina traduciéndose en menor inversión, mayores primas de riesgo y decisiones empresariales más conservadoras.
Las instituciones existen precisamente para evitar esa volatilidad. Las normas y las reglas no son obstáculos para gobernar, son el marco que le da estabilidad al poder. El institucionalismo moderno ha demostrado que los países que crecen de manera sostenida son aquellos donde las decisiones públicas están ancladas a reglas claras, previsibles y respetadas, donde hay cierta continuidad. Cuando el Ejecutivo actúa sin suficiente sustento normativo o técnico, y luego el sistema judicial corrige, lo que se debilita no es solo una política puntual: es la confianza en el sistema de reglas.
En un país con brechas sociales profundas, la incertidumbre es un impuesto silencioso. Cuando se decreta una emergencia económica sin suficiente solidez técnica o se impulsa una reforma estructural sin consensos mínimos, el mensaje que se envía es que la política va un paso adelante de la institucionalidad. Y cuando los jueces frenan, el mensaje contrario: que la institucionalidad intenta alcanzar a la política. Ese desfase erosiona la confianza, entre otras cosas. Acá nos toca, queramos o no, estar viendo las noticias varias veces al día para saber si las cosas cambian.
La gobernanza democrática exige algo más que mayorías circunstanciales o capital político. Exige técnica, deliberación y previsibilidad. No basta con tener una causa que se considere justa; hay que construirla sobre bases constitucionales sólidas, con estudios técnicos robustos y con diálogo real. De lo contrario, el país entra en una lógica de ensayo y error a escala nacional.
Colombia necesita reformas. Necesita discutir su modelo pensional, su estructura tributaria, su política laboral. Pero necesita hacerlo con responsabilidad institucional. Cuando una medida se anuncia con contundencia y luego se congela por vicios de forma o de fondo, el costo no lo asume el Ejecutivo ni las cortes: lo asume la economía y, al final, la gente.
La estabilidad no es inmovilismo. Es coherencia entre la decisión política y el marco jurídico que la sostiene. Si cada gran anuncio termina en litigio, suspensión o revisión extraordinaria, el mensaje que queda es de improvisación. Y un país que aspira a crecer, atraer inversión y reducir la pobreza no puede darse el lujo de improvisar en lo estructural.
Nuevamente, ¡Ojo con las elecciones que se vienen!
