El Convenio de Cooperación No. 003-2024 firmado entre la Alcaldía de Sincelejo y el Cuerpo de Bomberos Voluntarios, por la modesta suma de $5.600 millones, es una joya de ingeniería intergaláctica; parece legal hasta que uno lo lee y le coloca sentido común.
Con una vigencia de apenas dos meses, un anticipo del 100 % pagado y un inventario que va desde machetes barrigones hasta drones de alta resolución, este acuerdo es la prueba de que el fuego no siempre nace del infierno,;a veces se origina en el despacho de la alcaldía del crash.
El convenio Frankenstein fue tramitado al amparo del artículo 96 de la Ley 489 de 1998, como si los Bomberos Voluntarios fueran una entidad estatal, con el pequeño detalle de que no lo son. Son una entidad privada sin ánimo de lucro. Por tanto, debió aplicarse el Decreto 092 de 2017, que regula los convenios con entidades sin ánimo de lucro (ESAL).
Al ignorarlo, la Alcaldía de Yahir Acuña encendió el fósforo de la nulidad absoluta (art. 44 Ley 80/1993). En palabras castizas, el convenio nació muerto y su acta de defunción la firmó la propia administración.
Con un presupuesto fantasma existe un CDP, sí. Pero el presupuesto detallado desapareció como por arte de magia, sin soporte de costos ni análisis de precios, violando de manera directa el principio de planeación (art. 25 Ley 80/93) y el artículo 209 de la Constitución. Planearon gastar, no justificar.
Llama la atención que el objeto contractual que parece supermercado contractual sea tan variado que podría ser el inventario de un Homecenter bomberil. Según los documentos del estudio, el convenio incluía la adquisición de:
• 180 trajes de protección estructural y de rescate,
• 20 equipos de respiración autónoma (ERA),
• 150 extintores portátiles,
• 4 tanques de espuma de 500 litros,
• 30 bombas de espalda,
• 10 cámaras termográficas,
• 3 plantas eléctricas portátiles,
• 15 motosierras y sopladoras,
• 6 drones de alta resolución,
• 50 linternas tácticas y equipos médicos de atención prehospitalaria, junto con cursos de capacitación.
Un inventario que el cuerpo de bomberos de Tokio, que es el más grande del mundo, soñaría… si tan solo existiera evidencia de que esos equipos llegaron alguna vez a Sincelejo. La sobretasa bomberil —creada para fortalecer la capacidad operativa— terminó convertida en una piñata presupuestal donde el rigor técnico brilló por su ausencia.
El municipio transfirió, o más bien pagó anticipadamente a un privado el 100 % del dinero antes de ejecutar, es decir, los $5.600 millones se giraron en una sola entrega directa. Eso está prohibido por el artículo 3 del Decreto 092 de 2017. Naciendo así una nueva modalidad contractual: “pague y verá”. Y si no se ve nada, tampoco pasa nada; y que ya se volvió célebre la expresión en Sincelejo “más demora un peo en la playa que la plata en la alcaldía”.
Porque con una póliza de garantía simbólica del 10 % para un contrato de $5.600 millones, sin amparo de anticipo, sin garantía de calidad, sin responsabilidad fiscal, poco o absolutamente nada se iba a recuperar; es más, ¿qué se va a recuperar?, si en apariencia nada existió, ni el humo de los 5.600 millones se vio. Violación abierta del artículo 2.2.1.2.1.4.1 del Decreto 1082 de 2015.
Esa póliza sirve lo mismo que un extintor de juguete en un incendio real. Y como dice el adagio popular, si por allá llueve, por acá no escampa. El control financiero de la “pírrica” suma de $5.600 millones —proveniente de la sobretasa bomberil— quedó en manos de un contratista desesperado, que ganó la interventoría con una oferta artificialmente baja solo para “revisar papeles contables”.
El proceso de mínima cuantía n.º 038-2024 fue abierto por el entonces secretario de Gobierno, “mi coronel” Juan Carlos Guzmán Sánchez, y, como cosa rara, tuvo un único oferente: Juan Carlos Morales Zabala, quien ofertó $9.913.228, pese a que el presupuesto oficial era de $23.287.609.
Así se adjudicó una interventoría simbólica para supervisar un convenio de $5.600 millones… sin revisar una sola dotación, ¿y cómo iba a revisar si ni siquiera los que firmaron el estudio sabían que se iba a comprar y menos cuanto costaba ni quién lo iba a recibir a eso sí, su “equipo técnico” que solo contaba con contador, un auxiliar contable y una impresora para dar el visto bueno para el pago anticipado de los $5.600 millones, sin verificación técnica de los artículos y menos de trazabilidad alguna.
En otras palabras, una interventoría de papel para un convenio de humo.
La entonces secretaria de Gobierno, Lenan Jisell Díaz Iguarán, solo consideró la supervisión financiera del gasto, pero omitió cualquier control técnico sobre las especificaciones, la calidad o la entrega real de los equipos.
Preocupada más porque el privado recibiera el dinero completico y puntualito y no por lo que se compraba y finalmente se entregara al cuerpo de bomberos de Sincelejo o almacén de la alcaldía. El resultado, un convenio huérfano de control técnico, ejecutado y pagado “a satisfacción”, pero sin evidencia de que los bienes algún día ingresaran al almacén municipal.
Y así, los 180 trajes de protección, las 10 cámaras termográficas, los 6 drones, las 15 motosierras, las plantas eléctricas y los tanques de espuma y demás artículos que costaron 5.600, sí leyó bien, 5.600. millones —adquiridos con recursos públicos— se perdieron entre los papeles, los informes contables y el humo administrativo del crash.
Nadie los vio, nadie los contó, nadie los verificó.
Mientras tanto, en el papel, todo luce impecable; las cifras cuadran con precisión contable, y la Contraloría, fiscalía y procuraduría, sin extintor, siguen observando cómo las llamas del presupuesto se consumen solas.
Por otra parte, un detalle no menor: el convenio fue firmado por funcionarios, los de siempre, los kamikaze, Lenan Díaz Iguarán (Gobierno) y Augusto Viera (Gestión del Riesgo). Sin aval de Jurídica, sin Planeación. Violación al principio de coordinación institucional (art. 3 Ley 489/98 y art. 25 Ley 80/93).
Finalmente, el convenio que debía “fortalecer la gestión del riesgo” y el cuerpo de bomberos propio y legalmente que tiene Sincelejo terminó fortaleciendo el bolsillo de un privado y el riesgo de la impunidad.
Violó todo lo violable: Ley 489, Ley 80, Decreto 1082 y Decreto 092.
Y lo hizo con el descaro que debería estar en los manuales de corrupción aplicada.
Así, el “Convenio de Evaporación Jurídica y Desaparición Fiscal” deja una lección simple:
En Sincelejo, que tiene su propio cuerpo de bomberos y que no les pagan puntual y que tiene maquinaria obsoleta, el genio del crash del alcalde busca un cuerpo de bomberos voluntarios, sin experiencia, sin capacidad, les entrega 5.600 millones para que apaguen los incendios con agua, pero las irregularidades… con silencio.
