El Ministerio del Trabajo acaba de confirmar algo que sabíamos y que advertimos en vano: la reforma pensional de Gustavo Petro es el robo del siglo; entre otros aspectos, quita a los ahorradores del pilar semicontributivo la posibilidad de entregar en herencia los recursos que depositaron durante toda su vida para el uso de buen retiro.
Todos los colombianos estamos de acuerdo en que hoy es casi imposible pensionarse, que los adultos mayores requieren una atención digna y que los fondos privados administradores del ahorro individual deberían tener mejor rentabilidad para los cotizantes. Era inminente una reforma pensional, pero la idea es mejorar las condiciones de los aportantes, no empeorarlas con el sistema de reparto.
Por regla general, existen dos formas de alcanzar la pensión: mediante un sistema de reparto que regularmente es público, donde lo cotizado son dineros que el Estado utiliza para pagar las pensiones actuales con el propósito de que las generaciones futuras aporten para tu pensión, y un sistema de capitalización que propende acumular las cotizantes más los réditos que ella genere para devolverlos en la edad de jubilación. La reforma pensional toma estos sistemas para construir los pilares de la nueva reforma pensional, en donde el de reparto se fortalece.
El sistema de reparto, por ser piramidal, solo puede sostenerse con la coacción del Estado, obligando a todos a cotizar y a compensar con impuestos. En todo caso, el sistema es insostenible por dos razones elementales: la primera, el aumento en la esperanza de vida, que requiere cada día más recursos para cubrir las pensiones de vejez; y la segunda, la disminución ostensible de la tasa de natalidad, entre otras, gracias al aborto, que permite matar a los futuros potenciales cotizantes al sistema.
El Estado de bienestar siempre ha quebrado; comprende un sistema de pensiones que en esencia es inmoral e injusto porque no existen garantías de que tu dinero pueda ser recuperado. Además, requiere mayores cargas impositivas para nuestros hijos, es decir, una dependencia absoluta del Estado. Vale preguntarnos: ¿Acaso hemos pedido permiso a quienes no han nacido para asumir estas cargas? Es muy dudosa la legitimidad ética de entregarles ese peso sobre sus hombros. Por último, el sistema utiliza leyes para obligar a los ciudadanos a pertenecer a él con la excusa de asistir a los demás.
La explicación del Ministerio del Trabajo así lo confirma; es la muestra de la metodología funcional del progresismo y demás corrientes de izquierda que, basadas en la envidia, el odio y el resentimiento, promueven el estatismo para que, a través de gobernantes elevados a la categoría de dioses, impulsen la justicia social, la fatal arrogancia de forzar a las personas a depender del Estado.
De esta manera, aquellas personas que, habiendo ahorrado durante gran parte de su vida, no alcanzan a cotizar las semanas requeridas, se les retribuye una mínima porción que es una miseria, pero además, llegado el momento de su muerte, sus herederos no tendrán derecho a recibir los ahorros del finado cotizante. El Fondo de Solidaridad Pensional, es decir, el Estado, se quedará con esos ahorros.
Es pertinente recordar cómo nació este sistema de pensiones, cuando por el año 1884 el canciller alemán Otto Von Bismarck propusiera el sistema pensional público de reparto y su principal opositor político, Eugen Richter, le preguntara: —Señor Canciller, ¿es usted consciente de que si aprobamos este proyecto de ley, hará dependiente al pueblo alemán de por vida del Estado? —a lo que Bismarck respondió—. Ese es precisamente mi objetivo.
La reforma pensional de este gobierno no solo te convierte en esclavo, sino que además se apropia de tus recursos con el uso de la ley, razones de peso para etiquetarla como “el robo del siglo”.
