En los Montes de María, tierra de resistencia y dignidad, la justicia debería ser un camino hacia la reconciliación, no un campo de batalla. Sin embargo, en los últimos días, hemos visto con preocupación un intento de instrumentalizarla con fines políticos.
Me refiero al caso que impulsa Martha Cantillo contra Dionisio Bánquez, bajo un relato que carece de fundamento y que parece responder más a una estrategia de desprestigio que a una búsqueda real de verdad.
El lawfare —esa práctica de usar el aparato judicial para destruir la imagen de un adversario político— es una de las formas más peligrosas de violencia institucional. Porque se disfraza de legalidad, pero su verdadero objetivo es anular al otro en la opinión pública, convertirlo en sospechoso antes de que pueda defenderse.
Conozco a Dionisio Bánquez: un hombre amable, trabajador, honesto y profundamente comprometido con su comunidad. No es violento, ni agresivo, ni mucho menos el tipo de persona que se describe en la versión difundida por Martha Cantillo. Las insinuaciones que lo señalan de haberle pegado o agredido no solo son falsas, sino injustas.
Dionisio representa justamente lo contrario: la palabra serena frente al insulto, el diálogo en lugar del conflicto, la defensa pacífica de las causas sociales.
Intentar convertir a una persona así en victimario, sin pruebas y con evidente sesgo político, es una forma de violencia simbólica y moral. Porque no solo se daña su nombre, sino que se envía un mensaje peligroso a quienes se atreven a participar en la vida pública desde la decencia: que nadie está a salvo de una acusación manipulada.
El lawfare no es justicia. Es persecución con toga y micrófono. Y cuando una sociedad permite que el derecho se convierta en arma, pierde su brújula ética. No hay democracia posible donde los tribunales se utilicen para saldar venganzas o eliminar a quienes piensan distinto.
Dionisio Bánquez merece respeto y garantías, no linchamientos mediáticos. La justicia merece independencia, no manipulación.
Y la sociedad merece conocer la verdad, no versiones distorsionadas que solo buscan manchar a quien encarna los valores del diálogo, la transparencia y la paz.
Porque al final, usar la ley para dañar a un inocente no es ejercer justicia: es traicionarla.
