Exactamente el 18 de julio de 2025 en este mismo portal denunciamos en una columna que denominamos “Un polizón en el contrato del PAE en Sincelejo”, evidenciamos que la gestión del Programa de Alimentación Escolar (PAE) Universal por parte del Municipio de Sincelejo demuestra cada vez más la fragilidad institucional, la ausencia de rigor jurídico y la preocupante tolerancia frente a prácticas administrativas irregulares, porque un reciente informe de auditoría de la Contraloría General de la República, con radicado 2025EE0129697, revela hechos de especial gravedad que comprometen la legalidad y validez del contrato, así como la responsabilidad patrimonial, disciplinaria y penal de varios funcionarios públicos.
Ahora, con los recientes hechos, como son videos, demandas y audiencias, ya no hablamos de irregularidades: hablamos de un sistema criminal familiar de captura del Estado, operado desde la Alcaldía de Yahir Acuña con una tranquilidad que solo da la impunidad. El PAE, un programa que debería ser intocable porque alimenta a miles de niños, terminó convertido en un experimento de delincuencia donde la improvisación, la ilegalidad y los intereses familiares avanzan sin freno.
Recordemos que la Contraloría General de la República, en el informe 2025EE0129697, dejó al descubierto un hecho que por sí solo compromete la validez total del contrato: es contrato ilegal desde el primer día; el PAE Universal fue ejecutado sin póliza de cumplimiento vigente, es decir, sin la garantía esencial exigida por la ley para proteger los recursos públicos. Tres normas fueron violadas de forma directa: Artículo 7 de la Ley 1150 de 2007, artículo 4.2.1.1.1 del Decreto 1082 de 2015 y artículo 41 de la Ley 80 de 1993.
Pese a ello, el supervisor firmó el acta de inicio como si se tratara de un trámite menor. Y para completar el absurdo, el municipio canceló la póliza en plena ejecución, dejando un contrato millonario sin garantías vigentes. El mismo informe reveló otro hallazgo monumental: El Municipio de Sincelejo pagó con recursos públicos la póliza del PAE, obligación que corresponde exclusivamente al contratista. Valor del pago indebido: $3.411.572.687. Un detrimento patrimonial sin justificación legal.
La suegra operando el PAE
La escena que Sincelejo no olvida. En videos ampliamente conocidos aparece el alcalde yerno negociando con la suegra contratista, dando instrucciones, coordinando entregas y actuando como si fuera interventora y administradora del PAE al mismo tiempo. Y no es una figura improvisada: pues la representante legal de LADURET PATRIMONIAL FAMILIAR S.A.S. es Tatiana Patricia Torres Corrales, mamá de Sofía Méndez Corrales, primera dama y consorte del alcalde Yahir Acuña. Una empresa privada con domicilio en Barranquilla, sin relación con la alimentación escolar, pero cuya representante terminó actuando de facto dentro de un contrato público del municipio.
Los cheques del Banco de Occidente y el proceso judicial que destapó todo.
El contratista del PAE giró cheques del Banco de Occidente directamente a Tatiana Patricia Torres Corrales a través de su empresa familiar. Cheques que fueron protestados y que ella intentó cobrar vía proceso ejecutivo, reconociendo así una relación económica directa derivada del contrato. Ese proceso reposa hoy en el Proceso Ejecutivo n.º 7000130030402250015100, Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Sincelejo. Demandante: LADURET PATRIMONIAL FAMILIAR S.A.S. (NIT 901.584.903-1). Demandados: Consorcio PAE Universal 2024–2027 (NIT 901.808.210-8), Fundación Alcanzando Nuestros Sueños (NIT 900.527.327-0), Fundación Los Flamingos (NIT 900.072.094-5), Fundación ProNiños de Hoy para Hombres del Mañana (NIT 900.191.607-3). El juez ya ofició al alcalde y ordenó diligencias de secuestro. Aquí no hablamos de rumores: hablamos de un proceso judicial vivo, con documentos bancarios y actuaciones verificables.
Responsabilidades que deben asumir, de jure, los entes de control: Fiscalía, Procuraduría y tanto Contraloría Municipal como General.
Las irregularidades comprometen directamente al ordenador del gasto, que autorizó ejecución sin póliza; al supervisor, que omitió requisitos esenciales; a la Oficina Jurídica, que convalidó un contrato nulo; a la Tesorería, que pagó obligaciones ajenas al municipio; y a quienes permitieron la operación informal del PAE desde el círculo familiar del alcalde.
Una estructura paralela de poder y negocio.
Los hechos son contundentes: contrato ejecutado sin póliza, póliza cancelada en plena ejecución, surgimiento del rol informal de la suegra del alcalde, cheques del Banco de Occidente girados a su favor, proceso ejecutivo iniciado por ella misma, tres fundaciones y un consorcio demandados, municipio pagando $3.411 millones sin obligación legal. Esto no es un simple error. No es descuido. Es una estructura criminal montada desde la Alcaldía Acuña alrededor de la alimentación de los niños.
Conclusión: En Sincelejo no solo capturaron el PAE: lo convirtieron en patrimonio familiar. Y lo hicieron a plena luz del día, con cheques, con procesos judiciales, con fundaciones demandadas y con unos entes de control que hasta ahora están mirando hacia otro lado y la ciudadanía expectante de ellos.
¡Feliz Navidad!
