Así como es imposible tapar el sol con un dedo, también lo es para la administración del “Yao” Acuña ocultar la red de corrupción que, poco a poco, se está destapando en el Programa de Alimentación Escolar (PAE) ante los ojos de todo el pueblo sincelejano.
Las maniobras que antes parecían silenciosas y quirúrgicamente diseñadas para ordeñar el erario público mediante sofisticadas modalidades asociativas y contractuales, hoy se exhiben en plazas, medios y redes. Y no precisamente por la acción de los organismos judiciales o de control, sino por la exposición de sus propios lugartenientes, quienes han puesto al descubierto una maquinaria de poder que se creía intocable.
Un negocio familiar terminó desnudando, quizá, uno de los casos de corrupción más jugosos vinculados con la alimentación escolar de los niños y niñas de las instituciones oficiales del municipio de Sincelejo. Una contratación que tiene en vilo la correcta ejecución de 256 mil millones de pesos, de los cuales, entre las vigencias 2024 y 2025, ya se reportan más de 112 mil millones supuestamente ejecutados.
La trazabilidad de este desfalco revela una red institucional organizada y coordinada, que comenzó con los estudios de oportunidad y conveniencia elaborados por la Secretaría de Educación Municipal, en cabeza del secretario Diego Galván Mestra, a quien se le ocurrió la “grandiosa” idea de celebrar un Convenio de Asociación para “aunar esfuerzos” entre el municipio de Sincelejo y una Entidad Sin Ánimo de Lucro (ESAL), con el fin de suministrar complemento alimentario a los estudiantes priorizados del PAE en las instituciones oficiales.
Para escoger dicha ESAL, se adelantó una supuesta convocatoria pública que, sospechosamente, terminó con la presentación de un único proponente: el Consorcio PAE Universal 2024–2027. Al ser evaluado, este fue declarado habilitado condicionado por parte del comité evaluador, conformado en su momento por los siguientes funcionarios:
Óscar Javier Támara Alfaro, Director de Ejecución y Seguimiento de la Secretaría de Infraestructura; Agustín Romero Santos, Director de Asistencia Técnica Agropecuaria de la UMATA; Efigenia Caro Aguirre, Directora de Salud y Seguridad en el Trabajo; Maty Luz Silgado Guerrero, profesional universitario; Karina Cabrera Donado, asesora adscrita a la Secretaría de Educación; Guido Sierra Rodríguez, profesional especializado de la Oficina Financiera; Marcos Bohórquez Montes, Director de Cobertura de la SEM; Yeimis Urzola Torres, secretaria jurídica; Paola Vergara Serpa, contratista; Yovanis Benavides Castañeda, director técnico de Presupuesto, y Diego Galván Mestra, secretario de Educación.
Los miembros del comité asesor y evaluador publicaron a través del SECOP II el Acta de Verificación y Aceptación de la Documentación Subsanada. En dicho documento, el comité recomendó, “salvo mejor criterio”, adjudicar el proceso competitivo para entidades sin ánimo de lucro No. 001-2024.
Para dar cumplimiento a esa recomendación, la Secretaria de Infraestructura, Soley Margot Junco Genes, actuando como delegada para la ordenación del gasto, mediante la Resolución No. 0390 del 4 de marzo de 2024, adjudicó el proceso competitivo de ESAL que culminó con la celebración del Convenio de Asociación No. 001-2024 con el Consorcio PAE Universal 2024–2027.
Este consorcio está conformado por la Fundación Los Flamingos, la Fundación Alcanzando Nuestros Sueños y la Fundación Proniños de Hoy, Hombres del Mañana, entidades que, ante la opinión pública, aparentaban tener autonomía jurídica, administrativa y presupuestal. Sin embargo, en la práctica habrían funcionado como un cascarón institucional, cuyos órganos de gobierno estarían bajo la influencia directa de Yahir Acuña.
Según diversas fuentes y registros en redes sociales, este control le habría permitido designar a un representante legal sin independencia real, convertido en un intermediario que ejecuta órdenes y firma cheques, no para garantizar los costos operativos del PAE —como salarios, prestaciones, pagos a proveedores y gastos de funcionamiento—, sino para cubrir compromisos financieros asociados a la estructura política del jefe.
No es casualidad que, mediante el Acta de Reunión Extraordinaria No. 01 del 20 de junio de 2024, se aceptará la renuncia del señor Cristian Leonardo Mendoza Ruiz como representante legal inicial y que, por unanimidad, fuera designado en su reemplazo el señor Héctor José Chávez Rodríguez como nuevo representante legal del Consorcio PAE Universal 2024–2027.
Lo llamativo es que el señor Chávez Rodríguez también figura como representante legal del Consorcio Solución Vial Sincelejo, encargado de ejecutar el Contrato de Obra No. 124-2025, cuyo objeto es el “mejoramiento y construcción de tramos viales de la malla vial del municipio de Sincelejo”, celebrado con el Fondo Mixto “Sierra Nevada” por un valor de $34.325 millones de pesos, con un plazo de ejecución de diez (10) años.
Actualmente, el nombre de Héctor José Chávez Rodríguez ha sido mencionado en un escándalo de presunta corrupción que circula ampliamente en redes sociales, a raíz de la difusión de fotografías en las que aparece firmando cheques y de audios en los que, según se escucha, reconoce recibir órdenes de terceros. En esos mismos audios, el propio Chávez se refiere a instrucciones de no pago impartidas por su jefe político de cheques por el orden de los $ 8.000 millones de pesos, las cuales —según sus palabras— responderían a directrices de un reconocido cantante de música popular con presunta participación en las decisiones financieras del consorcio para garantizar compromisos originados en gastos de campaña.
El Programa de Alimentación Escolar (PAE) del municipio de Sincelejo, así, presenta serias irregularidades administrativas y presuntos actos de corrupción que involucran distintos niveles de responsabilidad.
Existen indicios de coordinación indebida entre secretarías de despacho, asesores jurídicos, veedores, interventores y directivos de algunas instituciones educativas, además de fallas estructurales en los mecanismos de control y supervisión. En conjunto, estas circunstancias reflejan una red de intereses cruzados que compromete la transparencia en la ejecución del programa y afecta directamente el bienestar de los estudiantes más vulnerables del municipio.
En conclusión, lo que debería ser un programa social orientado a garantizar el derecho fundamental a la alimentación de miles de niños y niñas en Sincelejo se ha transformado en un mecanismo de financiación política y captura institucional.
El PAE —diseñado para nutrir cuerpos y mentes— terminó siendo el combustible de una maquinaria que manipula contratos, designa representantes a conveniencia y reparte recursos públicos como botín de campaña.
La cadena de irregularidades evidenciadas —desde la adjudicación del convenio hasta la subordinación de los consorcios a intereses políticos— demuestra que la arquitectura jurídica del PAE ha sido secuestrada por operadores privados que se escudan tras fachadas de legalidad.
Ni las resoluciones, ni los actos administrativos, ni las interventorías han logrado proteger el interés público frente al clientelismo y la captura burocrática. Mientras tanto, los niños siguen recibiendo menos raciones, productos de menor calidad y, en muchos casos, hambre institucionalizada.
Es momento de que los órganos de control pasen del silencio cómplice a la acción efectiva. De lo contrario, el PAE de Sincelejo se consolidará como otro monumento a la impunidad en una ciudad donde el dinero público se saca de cocinas ocultas, pero nunca llega al plato de quienes más lo necesitan.
