Con la connivencia del Concejo, nueve bienes fiscales del municipio de Sincelejo podrÃan quedar en manos de seis acreedores particulares —personas naturales y jurÃdicas—.
Al cierre fiscal del componente ICLD correspondiente a la vigencia 2024, ya se conoce quiénes son los acreedores y a cuánto ascienden las deudas que componen el déficit fiscal, el cual cerró en $57.185 millones. De ese total, $30.100 millones corresponden a cuentas por pagar y $27.084 millones a reservas presupuestales.
En total, hay 290 cuentas con una diversidad de acreedores: empresas, consorcios, personas naturales y entidades públicas como el SENA, el ICBF y la DIAN. Sin embargo, lo paradójico es que, aunque el pasivo está representado en casi 300 cuentas, solo seis acreedores concentran $43.265 millones en obligaciones, es decir, el 80 % del déficit fiscal.
Entre las acreencias más cuantiosas se encuentran:
- $14.428 millones adeudados al contratista Abel Mendoza Ruiz, por un contrato de $25.000 millones de pesos para dotación de libros y capacitación a 4.000 estudiantes de grados octavo, noveno y décimo en pruebas Saber 11, e intercambios con 70 estudiantes y 50 docentes enviados a Londres.
- $8.839 millones al Banco BBVA por crédito de tesorerÃa.
- $4.839 millones a la empresa INFOTIC S.A. por un proyecto de tecnologÃa y conectividad.
- $4.650 millones a la empresa de vigilancia VIPERS Ltda., por prestación de servicios de seguridad y vigilancia, en parques, espacio público y entornos escolares. Este contrato fue tan polémico que la Supervigilancia revocó su licencia de funcionamiento por extralimitación de funciones por realizar actividades exclusivas de la fuerza pública.
- $2.927 millones al Consorcio Alimentación por Sincelejo PAE Universal 2024–2027, lo que evidencia una evidente desfinanciación del programa de alimentación escolar.
- $2.281 millones a CARSUCRE, por la no transferencia de la sobretasa ambiental correspondiente a la vigencia 2024. A pesar de tratarse de recursos de destinación especÃfica, no fueron pagados por falta de disponibilidad presupuestal, lo que sugiere que fueron desviados hacia otros fines.
- $5.200 millones al IMDER por concepto de ostentosos eventos deportivos y actividades recreativas.
La cesación de pagos del municipio ha generado un clima propicio para que estas culebras —o más bien anacondas— salgan de sus nidos a asustar al equipo económico y jurÃdico de la AlcaldÃa. A ellos les ha tocado hacer de encantadores de serpientes y, con maniobras de culebrero, buscar cómo salir de un déficit sin flujo de caja para solventarlo.
La estratagema legal, de dudosa aplicación en contratación estatal, consiste en sustituir la prestación pactada originalmente con los contratistas —dinero— por bienes inmuebles públicos, a través de la figura de la dación en pago. Es decir, el municipio busca saldar sus deudas entregando predios en lugar de dinero.
La jugada ya estaba frÃamente calculada. Los inmuebles en cuestión ya contaban con avalúos comerciales vigentes, elaborados por peritos registrados en la Lonja de Propiedad RaÃz de Sincelejo.
El paso siguiente fue solicitar al Concejo Municipal las facultades para que el alcalde pueda entregar estos bienes improductivos del municipio como pago. Y finalmente entrar en un escenario de negociación con los acreedores para determinar los bienes fiscales que se le entregarán en compensación por el monto de las deudas ya reconocidas por la entidad territorial.
Un proceso cuya figura jurÃdica es innominada y sin muchos antecedentes en otros municipios.
Son nueve inmuebles, que suman más de 200.000 m², representados en lotes, edificios y fincas agropecuarias. Sin embargo, el proyecto de acuerdo no especifica el valor total de estos predios, aunque se dice que ya fueron avaluados.
A pesar de ello, la discusión fue aprobada por las comisiones conjuntas 1.ª y 3.ª del Concejo Municipal de Sincelejo.
Lo más preocupante es que, aunque se afirma que los bienes fueron avaluados, la cuantÃa total de su valor comercial no aparece en los documentos oficiales del proyecto ni en la ponencia, por lo que literalmente le están entregando a Yahir Acuña un cheque en blanco.
Ahora la pregunta del millón es: ¿quién se quiere quedar con qué? O más bien, ¿qué le van a entregar a cada quién?
Lo cierto es que cada uno de estos acreedores va a querer quedarse con lo mejor del pastel. Entonces, ¿cuál será la metodologÃa para garantizar equidad en las condiciones de entrega de estos bienes fiscales?
Lo que está en juego no es solo un conjunto de bienes inmuebles, sino la transparencia y legitimidad con la que se gestiona el patrimonio público.
La urgencia de sanear las finanzas no puede justificar un proceso opaco, sin controles claros ni información pública sobre el valor real de los activos municipales.
Hoy más que nunca, Sincelejo necesita una ciudadanÃa vigilante y un Concejo que legisle con responsabilidad, no que convalide el reparto del pastel entre unos pocos.
Ñapa: ¿Cómo se sentirÃan los acreedores que debieron someter sus acreencias al proceso de reestructuración de pasivos (Ley 550) del municipio de Sincelejo? ¿Cuándo no fueron tenidos en cuenta para participar de este festÃn fiscal?
