No deja de sorprender el atropello del que son víctimas las personas humildes, quienes deben sobrevivir realizando cualquier tipo de actividad en aras de la subsistencia.
En los Estados Unidos, uno de los países que más atrae migrantes, el esfuerzo laboral de los latinoamericanos que residen allí es fundamental. Este trabajo es valorado porque generalmente consiste en tareas que los nativos no estarían dispuestos a realizar.
Por ello, la mano de obra procedente de México, Centro y Suramérica ha ganado un espacio significativo en este gran país del norte. Incluso, un alto porcentaje de estos migrantes, con pleno dominio del inglés y formación profesional, ha logrado ascender en la escala laboral, convirtiéndose en generadores de divisas para sus países de origen mediante las remesas que envían a sus familias.
Un fenómeno similar ocurrió en la década de los setenta, cuando Venezuela, con un bolívar fuerte, atrajo a muchos campesinos de Colombia. Más tarde, los citadinos comenzaron a establecerse en Caracas y en ciudades circunvecinas. Muchas de estas personas lograron mejorar su calidad de vida, regresando a Colombia con ahorros que les permitieron construir viviendas y emprender nuevos negocios.
Sin embargo, en contraste con estas historias de superación, persiste la lucha de quienes, día a día, salen con una carreta bajo el sol para ofrecer productos en los barrios y pueblos de sus ciudades.
En el Golfo de Morrosquillo, muchas familias dependen de un mar cada vez más escaso de peces y del incipiente turismo que llega a localidades como Coveñas, Tolú y Rincón del Mar, corregimiento de San Onofre. Allí, algunas personas invaden el espacio público construyendo enramadas donde ofrecen los frutos del mar: pescado frito, cazuela de mariscos y sopa de pescado.
En este contexto, quiero destacar el atropello que una familia adinerada cometió contra doña Tomasa Luna Contreras en las playas de Puerto Viejo, Tolú. Ella atendía en una enramada que había heredado de su padre, quien estuvo allí durante 30 años. Sin embargo, tras la compra de una cabaña detrás de su pequeño negocio, estos nuevos propietarios procedieron a desalojarla por la fuerza y cortaron un árbol de uva de playa que daba sombra al lugar.
Este acto, realizado sin medir las consecuencias, dejó a una madre cabeza de familia sin la posibilidad de alimentar a sus tres hijos.
Es importante recordar que en Colombia no existen playas privadas; son bienes de uso público. Según la ley, las playas, los terrenos de bajamar y las zonas marítimas son intransferibles y únicamente pueden ser objeto de concesiones, permisos o licencias para su uso.
En el Golfo de Morrosquillo, la destrucción de parte del manglar ha afectado gravemente la Ciénaga de la Caimanera, atentando contra el medioambiente.
La falta de autoridad perpetúa estos atropellos. Es necesario exigir respeto por los derechos de las comunidades y por los recursos naturales que son patrimonio de todos.
