Lo que en 2017 fue presentado como un homenaje a la identidad sabanera y enerina, con la creación de la Corporación para organizar las Fiestas del Dulce Nombre de Jesús o del 20 de Enero, esta terminó convertida, bajo la administración Acuña, en un híbrido entre ONG, oficina de contratación paralela y operador político disfrazado de gestor cultural. Un ente que, en menos de dos años, pasó de celebrar la tradición a devorar los recursos públicos.
Bajo el amparo del Acuerdo Municipal n.º 188 de 2017, el Concejo de Sincelejo autorizó al alcalde por seis meses a asociarse con entes públicos o privados para crear una persona jurídica de naturaleza mixta y con un objeto exclusivamente cultural. Su función era coordinar, organizar, promover y financiar las festividades tradicionales del Dulce Nombre de Jesús.
Los socios fundadores se constituyeron así: Municipio de Sincelejo (45 %), Cámara de Comercio (27,5 %) y Corporación Universitaria del Caribe – CECAR – (27,5 %).
Pero en Sincelejo, los límites legales duran lo que una cucaracha en un baile de gallina. El Acuerdo 188 fue claro:
- La facultad era temporal (seis meses).
- El objeto era único: las fiestas culturales del Dulce Nombre de Jesús.
- La participación pública debía ser mayor o igual al 45 %.
- La entidad debía rendir informes anuales de gestión.
Nada de eso se cumplió en los 23 meses que lleva la administración de Acuña, El cual transformó el mandato legal de buenas acciones y filantropía de la corporación, en una licencia abierta para evadir la contratación pública, y la cultura fue sustituida por la contratación a dedo.
De una institución creada para las fiestas del 20 de enero, renació una corporación Frankenstein para contratar a dedo, con estatutos reformados los años 2024, 2025 y presupuestos inflados en los ILCD, donde de ejecutar $800 millones en 2023, pasó a más de $25.000 mil millones en 2024, $33.000 mil millones en 2025 y un presupuesto aprobado por el Concejo para 2026 superior a $39.000 millones. Todo, curiosamente, en contratos directos, con empresas dudosas y ajenos a su objeto social inicial.
Las actas inscritas en la Cámara de Comercio de Sincelejo revelan que la Corporación 20 de Enero, fue adaptada en un Frankenstein jurídico así, como una “fábrica con objeto social elástico y cajón de sastre”, no solo para financiar reinados y comparsas, sino también para Procesos culturales, gastronómicos y de cultura ciudadana, Actividades de formación y capacitación, Proyectos turísticos, educativos y sociales, Programas de emprendimiento y convivencia ciudadana, Eventos religiosos y actividades con iglesias, Acciones de inclusión, equidad y participación ciudadana, Fomento del arte, la gastronomía, el turismo y el patrimonio, Desarrollo de proyectos de infraestructura, Organización de ferias, eventos empresariales y campañas comunitarias. Porque cuando el arte no deja réditos políticos, siempre queda el rebusque.
A través de esta figura, la Alcaldía contrató irregularmente programas como “Mercado La Paz”, la entrega de alimentos, buzos para mototaxi, incentivos para jóvenes de paz, actividades lúdicas, emprendimiento y múltiples actividades sin licitación, sin pluralidad de oferentes ni interventoría independiente, eludiendo los procedimientos de la Ley 80 de 1993. Todo se firmó mediante resoluciones cuantiosas entre la administración y la “corporación cultural”, hoy convertida en operador administrativo sin límite fiscal.
El resultado fue predecible: todos los eventos y proyectos como Mercado La Paz, presentado como símbolo de reactivación económica y recuperación del espacio público, terminaron en un local vacío, en ruinas y con pérdidas sin soporte superiores a $10.000 millones. Con empresas con incumplimiento tributario a la Dian. En términos técnicos, la corporación fue usada para evadir la ley 80, evadir impuestos y canalizar recursos públicos por fuera del régimen contractual; en términos sabaneros, se montó una papayera jurídica con presupuesto de orquesta sinfónica.
Hasta 2024, CECAR era socio fundador y uno de los miembros más respetados de la Corporación. Pero ante el desbordamiento contractual y la pérdida de rumbo institucional, luego de una intensa reunión de socios fundadores y adherentes de esta institución de 38 años de fundada, renunció formalmente a la corporación 20 de enero argumentando:
- Falta de transparencia en la administración de más de $65 000 millones (2024–2025).
- Desviación del objeto social hacia programas no culturales.
- Ausencia de control del Concejo y de la Contraloría
- Incompatibilidad con su misión académica, al ver cómo su nombre se usaba para legitimar el derroche.
En resumen: CECAR no quiso seguir tocando en una banda donde el acordeón ya desafinaba por la corrupción.
El 3 de febrero de 2025, según acta de Asamblea General Extraordinaria N.º 7, sospechosa y clandestinamente, se incorporó como miembro adherente la Corporación Politécnica del Caribe (PoliCaribe), sin autorización del Concejo de Sincelejo ni acto de competencia legal debidamente registrado.
No hubo transmisión, ni monólogo del alcalde Cash, informando al público sobre su nuevo socio. Su ingreso violó los límites del Acuerdo 188, desfiguró el equilibrio original de los socios fundadores y otorgó voz a una entidad sin legitimidad ni control público. ¿Autonomía administrativa… o un desvío de poder disfrazado de legalidad?
Las reformas estatutarias de 2024 y 2025, incluido el ingreso de PoliCaribe a la luz del acuerdo de creación del concejo, carecen de competencia legal y podrían ser nulas por violar el Acuerdo 188, además de susceptibles de revocatoria directa por nulidad manifiesta (artículo 93 del CPACA).
Lo paradójico es que la Cámara de Comercio, siendo socia, se convirtió en notaria del desorden: registró cada acto sin verificación alguna, avalando decisiones que hoy podrían ser declaradas nulas de pleno derecho. Así nació un nuevo Frankenstein jurídico que ha despilfarrado más de $60.000 millones en menos de dos años, sin control, sin informes y sin vergüenza, ampliando el déficit fiscal del municipio de $57.000 millones en 2024 a $120.518 millones de pesos en 2025. Las responsabilidades saltan a la vista:
- Administrativa y disciplinaria, por extralimitación de funciones (arts. 34 y 35 de la Ley 734/2002).
- Fiscal, por manejo irregular de recursos (Ley 610/2000)
- Penal, por abuso de función pública y peculado (arts. 416 y 397 del Código Penal).
- Registral, por la actuación irregular de la Cámara de Comercio al inscribir actos sin competencia.
Hoy la Corporación 20 de Enero está en el ojo del huracán, bajo el control político del concejo de Sincelejo.
La Corporación Fiesta del 20 de Enero, la Cámara de Comercio y Poli Caribe van a ejecutar más de $ 39.000 millones, en el año 2026, literalmente a dedo, en plena campaña electoral, con candidatos en la cámara y el senado.
El llamado desde esta tribuna es a los órganos de control, Contraloría, Procuraduría, Fiscalía y también a la ciudadanía, para que despierte y exija rendición de cuentas y que revisen detenidamente cada actuar.
La ciudadanía merece saber cómo se invierten los recursos, si se cumplen los fines estatutarios y si la entidad sigue siendo cultural o simplemente se volvió el instrumento político de contratación más rentable del cash.
