Una vez decretado el estado de conmoción interior por parte del gobierno nacional, a través del decreto 0062/25, cuyas acciones se limitarán a devolver la estabilidad, la tranquilidad a los 19 municipios, a los departamentos afectados por el conflicto armado entre ELN y disidencias de la FARC y otros actores ilegales.
El deber del estado es proteger la vida de los habitantes de estas regiones que se encuentran amenazados y en otros casos ya no se puede hacer nada, porque ya se reportan más de 80 muertes; además de la devastación de las vidas, hay más de 44000 personas que no solo han sido acosadas, sino que ya se encuentran desplazadas, generándoles penurias y sometiéndolos a una condición de profunda pobreza. Pero resignados por proteger su vida y la de sus familias.
«Lo impredecible es que resulta complejo saber a quien o quienes más de estos actores ilegales, terminaran amenazados y el deseo de huir a toda costa, porque tienen mucho miedo de ser atacados indiscriminadamente.»
Lo perjudicial para estas víctimas de la guerra, además del horror de la muerte, es la violencia que les toca ver.
Todas estas lesiones a largo plazo producirán efectos negativos en su desenvolvimiento en la sociedad; esto honestamente no se soluciona en 90 días por el decreto de conmoción interior.
Es deber del gobierno prepararse para el trastorno postraumático, la pérdida de su costumbre por el hecho de irse para otros territorios, perdiendo su arraigo cultural, el tener que dejar todo atrás por el olvido en que se han sometido estas regiones en los más de 50 años de abandono del estado.
No debe entenderse que pretendemos endilgar responsabilidades, pero sí debemos prepararnos para fortalecer la atención en programas básicos de salud, alimentación, educación e infraestructura, porque el éxodo hacia ciudades capitales terminará desbordando toda su capacidad para responder a esta situación calamitosa que generan los actores ilegales, por el simple hecho de no custodiar a las poblaciones y permitir que otros asuman el control en los territorios.
Ojalá que el Gobierno Nacional actúe a través de los decretos que en el futuro próximo debe expedir, afectando al presupuesto general de la Nación, creando más impuestos para solventar esta crisis.
Aquí “no se deben permitir” actos irregulares, menos actuaciones indelicadas, porque con el dolor de la gente no se debe jugar.
Menos permitir que oportunistas utilicen esta desgracia para hacer proselitismo político. Cada peso que se invierta con el fin de conjurar esta situación debe ir para la atención de las víctimas de este conflicto entre ilegales.
Esperamos que los recursos económicos lleguen con prontitud, porque en la guerra las necesidades de la gente son inmediatas, no dan espera; y para que nos preparemos, el sistema de salud para estas personas afectadas por la violencia debe ser funcional, es decir, que no toque recurrir a las acciones de tutela, porque la desgracia será entonces mucho mayor.
Óigase bien, dentro de esta población hay gestantes, personas con enfermedades complejas que obviamente son las más frágiles por el estado en que se encuentran.
También es preciso que el gobierno vigile y controle el precio de los bienes y servicios porque en estos casos está demostrado que el ser humano termina mostrando lo peor de sí; esto es, los productos comienzan a escasear y luego los precios de estos terminan subiendo estrepitosamente.
Recordemos que las personas que huyen del conflicto salen con una mano adelante y otra atrás. Esta mezcla de elementos termina generando miedo, inseguridad.
Para finalizar desde esta trinchera, especialmente solicitar a las autoridades proteger a las mujeres y a los niños, que son la parte más débil de esta horrible situación; en el pasado hemos visto en este país el incremento en la violencia sexual contra mujeres, con el único fin de someter a las comunidades a las órdenes de los ilegales.
Eso debemos tenerlo muy presente, para que evitemos que hechos del pasado sigan ocurriendo.
Por favor, no dejemos que el Gobierno de Venezuela interfiera en estos asuntos de Colombia; son un estorbo. Ellos deberán defenderse de la falta de legitimidad para gobernar, entonces no perdamos el tiempo tratando de buscar ayuda en quien realmente está generando el problema.
