El control financiero de la pírrica suma de $5.600 millones —provenientes de la sobretasa bomberil— quedó en manos de un contratista desesperado, que paradójicamente buscó ganarse la interventoría de un convenio de cooperación millonario, con una oferta artificialmente baja, para solo revisar papeles contables.
La administración de Yahir Acuña Cardales, como cosa rara, vuelve a mostrar sus mañas contractuales, esta vez metiéndole la mano a los recursos de destinación específica provenientes de la sobretasa bomberil, destinados —según la ley— a financiar las actividades de los cuerpos de bomberos, apareciendo en escena nuevamente su “Reina Guajira” y «Mi coronel Guzmán», un militar en retiro, pero públicamente activo.
Con la suscripción del Convenio de Cooperación No. 003-2024, celebrado entre el Municipio de Sincelejo y el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Sincelejo, se entregaron en bandeja de plata —y por transferencia directa— $5.600 millones para gastárselos en dos meses a una entidad que, según el portal Colombia Compra Eficiente, solo registra dos contratos celebrados con el Municipio de San Onofre, los cuales en conjunto no superan los $55 millones de pesos.
Aun así, y siendo evidente la falta de experiencia contractual y financiera del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Sincelejo, Yahir Acuña Cardales le entregó la administración de miles de millones de pesos para la adquisición de trajes de protección personal —tanto para estructuras como para rescate— y equipos para la extinción de incendios (extintores, tanques de espuma, bombas de espalda, cámaras termográficas), los cuales debían cumplir con especificaciones técnicas certificadas, por tratarse de una actividad de alto riesgo.
Pese a lo anterior, al revisarse los estudios de conveniencia y oportunidad del convenio, se pudo constatar que la entonces Secretaria de Gobierno municipal, Lenan Jisell Diaz Iguaran, solo consideró necesario hacerle seguimiento, supervisión y control al manejo y la ejecución de los recursos de la sobretasa bomberil. Transferidos con ocasión del Convenio No. 003-2024 con la contratación de una interventoría financiera.
Sin embargo, no estableció un sistema de supervisión técnica que garantizara el cumplimiento de las especificaciones de la dotación ni la idoneidad de las capacitaciones contratadas. En otras palabras: «La Reina Guajira» se preocupó más por la plata que se iba a entregar que por lo que se iba a comprar.
Omitiendo así la enunciación como riesgo de ejecución del contrato, lo relacionado con el cumplimiento de las especificaciones técnicas, los estándares de calidad y las condiciones funcionales de los bienes y servicios definidos en el convenio de cooperación. En otras palabras, el municipio de Sincelejo celebró un contrato multimillonario huérfano de supervisión técnica.
Para completar la cadena de irregularidades, el coronel retirado Juan Carlos Guzmán Sánchez, en calidad de secretario de gobierno, abrió el proceso de mínima cuantía No. 038-2024, cuyo objeto era la interventoría financiera del convenio de cooperación para la transferencia de los recursos de la sobretasa bomberil al Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Sincelejo.
En dicho proceso resultó —como cosa rara— un único oferente: Juan Carlos Morales Zabala, quien, de manera sospechosa, presentó una propuesta económica con un precio artificialmente bajo, por valor de $9.913.228, pese a que el presupuesto oficial establecido en los estudios de conveniencia y oportunidad del contrato ascendía a $23.287.609. Un claro indicio de su imperioso interés por quedarse con la interventoría del jugoso convenio de cooperación con el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Sincelejo. Y, aun así, el contrato le fue adjudicado.
Lo paradójico es que el contratista Juan Carlos Morales Zabala sustentó su precio artificialmente bajo en que sus costos directos de personal se limitaban a un contador público, un auxiliar contable, gastos de transporte, arriendo de oficina e impresión de informe, como quedó establecido en el clausurado final del contrato.
Cualquiera, al leer ese presupuesto, podría pensar que se trataba de una labor de interventoría sin mucha labor administrativa. Pero “Eureka”, la firma de “la triste viejecita”, sería la que posteriormente aprobaría y autorizaría el pago anticipado de 5.600 millones de pesos, tras una revisión de puro papel y cero soporte de ejecución, con el visto bueno de “Mi coronel” Guzmán Sánchez como secretario de Gobierno.
El Convenio de Cooperación No. 003-2024 ya fue ejecutado. Los $5.600 millones de pesos provenientes de la sobretasa bomberil supuestamente ya se los gastaron en trajes, equipos, formación y capacitaciones, sin que hasta la fecha exista constancia de la entrada de esas dotaciones al almacén de la Alcaldía de Sincelejo, ni informe técnico alguno que detalle las cantidades contratadas, el cumplimiento de las especificaciones técnicas o los estándares de calidad. Y así, un convenio sin trazabilidad técnica ni verificación material terminó ejecutado y pagado “a satisfacción”, la típica administración oscura que cubre con sombras de legalidad a la impunidad.
Mientras tanto, en el papel los documentos lucen impecables y las cifras cuadran con precisión de contable devoto; los únicos que parecen haber salido bien equipados son quienes apagan los incendios de los compromisos de campaña con presupuesto institucional.
Posdata: Causa suspicacia que en las redes sociales de la administración Acuña no se publicaran imágenes hollywoodenses de los bomberos en acción estrenando dotación y equipos.
