La historia de la sobretasa bomberil en la administración del cash, Yahir Acuña, no comenzó con el Convenio de Cooperación No. 004 de 2025.
En 2024, el municipio comprometió cerca de $5.600 millones mediante un convenio de cooperación financiado con recursos de la sobretasa bomberil. Ese convenio generó fuertes cuestionamientos por el escaso control sobre su ejecución, la inexistencia de un inventario de elementos y vehículos, una interventoría limitada prácticamente a revisar documentos y la ausencia de una verificación técnica integral sobre la destinación de los recursos públicos.
Un año después, la historia parece repetirse.
En septiembre de 2025, el municipio suscribió el Convenio de Cooperación No. 004 de 2025, esta vez por $2.055.076.438, nuevamente financiado con recursos de la sobretasa bomberil, con el propósito de fortalecer la capacidad operativa del servicio de bomberos en Sincelejo.
Sin embargo, los hechos recientes obligan a formular una pregunta que la administración no puede evadir.
Los incendios registrados en el centro de Sincelejo y, más recientemente, el ocurrido en el sector de Las Peñitas, frente a la Gobernación de Sucre, dejaron una imagen que preocupa a cualquier ciudadano, sobre todo ad portas del fenómeno de El Niño más fuerte de la historia reciente: el Cuerpo de Bomberos de Sincelejo tuvo que solicitar apoyo a unidades de Coveñas, Sampués y Corozal, y dependió de ellas para controlar las emergencias.
No se trata de cuestionar el profesionalismo, la valentía o el compromiso de los bomberos, quienes arriesgan su vida con los recursos de que disponen.
La pregunta es otra.
¿Cómo es posible que, después de comprometer más de $7.600 millones de la sobretasa bomberil entre los convenios de 2024 y 2025, Sincelejo siga dependiendo del apoyo de otros municipios para atender incendios de gran magnitud?
Los documentos presupuestales muestran que del Convenio No. 004 de 2025 ya se han realizado desembolsos por $600 millones: un primer pago de $400 millones y un segundo de $200 millones. Si no existen pagos posteriores a la fecha de esta columna, aún estaría pendiente por girar la suma de $1.455.076.438, una cifra que exige el mayor rigor antes de autorizar cualquier nuevo desembolso.
Precisamente por ello, la administración municipal tiene el deber legal de verificar, con evidencia técnica, documental y material, que el convenio fue ejecutado conforme a lo pactado y que los recursos públicos realmente se tradujeron en una mejora efectiva de la capacidad operativa del servicio bomberil.
La secretaria jurídica, Yeimi Urzola, como responsable de velar por la legalidad de las actuaciones administrativas, tiene hoy la oportunidad de actuar con prudencia y rigor institucional para evitar que se giren recursos sin que exista plena certeza sobre el cumplimiento del convenio.
Y ese llamado cobra aún mayor importancia en un momento en que la ciudadanía se pregunta quién está tomando las decisiones en la administración municipal. Desde hace más de una semana no se conoce públicamente la agenda ni el paradero del alcalde Yahir Acuña, lo que ha generado interrogantes sobre quién está ejerciendo la dirección efectiva del municipio. Precisamente por ello, corresponde a la Secretaría Jurídica actuar con total independencia técnica y garantizar que ninguna decisión sobre el patrimonio público se adopte sin el cumplimiento estricto de la ley.
Si aún existe un saldo pendiente por pagar, como esperamos que así sea, no basta con revisar cuentas de cobro o certificaciones administrativas. Es indispensable verificar los informes de supervisión, constatar el cumplimiento real de las obligaciones contractuales y establecer si los recursos públicos produjeron los resultados para los cuales fueron apropiados; es decir, comprobar que los elementos y las dotaciones existen físicamente y se encuentran en el almacén o en poder del Cuerpo de Bomberos.
Porque pagar un contrato no es un simple trámite financiero.
La Ley 80 de 1993 impone a los servidores públicos el deber de proteger el patrimonio del Estado, verificar el cumplimiento de los contratos y evitar desembolsos cuando existan dudas objetivas sobre la ejecución de las obligaciones.
Los incendios recientes no constituyen, por sí solos, una prueba jurídica de incumplimiento contractual. Pero sí representan una realidad que amerita una revisión exhaustiva antes de liberar el último peso del convenio.
Más aún cuando la propia experiencia del convenio de 2024, por $5.600 millones, dejó abiertas serias inquietudes sobre los mecanismos de control y seguimiento de los recursos provenientes de la sobretasa bomberil.
La administración aún está a tiempo de actuar y, desde la Secretaría Jurídica, gritarle a Tesorería: ¡YA, NO PAGUEN MÁS!
Porque una revisión técnica antes del último pago puede evitar futuras investigaciones disciplinarias, fiscales o incluso penales.
Y tratándose de recursos públicos, siempre será mejor responder primero con documentos que después ante los organismos de control.
