El crash que juega a ser alcalde volvió a hablar. Esta vez con arrogancia administrativa para restarle importancia a un auto judicial del JUZGADO OCTAVO ADMINISTRATIVO DE SINCELEJO, que le suspendió su propio invento jurídico, el Acuerdo 358 de 2025, la joya con la que quiso reestructurar la Alcaldía a su antojo de nepotismo.
Con tono doctoral, aseguró que la medida es “inocua”, porque, según él, el acuerdo “ya se usó”, “ya cumplió su vida jurídica” y “ya todo se aplicó”.
En resumen: el crash cree que, si el delito ya se cometió, el juez llega tarde.
El problema es que el juez no llegó tarde, llegó justo a tiempo, señor Crash.
El Juzgado Octavo Administrativo Oral de Sincelejo decretó la suspensión provisional del Acuerdo 358 del 2025, precisamente porque se aprobó sin estudio de impacto fiscal, violando el artículo 7 de la Ley 819 de 2003.
En términos simples, el crash hizo cirugía mayor a la alcaldía sin saber cuánto costaba la operación. Y mientras la justicia analiza el fondo, la suspensión tiene efectos inmediatos y obligatorios. No es “una opinión”, ni “una sugerencia”, ni “un trámite inofensivo”. Es una orden judicial, señor alcalde. Así que eso de que “no tiene ningún efecto formal” solo demuestra una cosa: que en el cuarto piso, si aún existe en la alcaldía, no han leído ni el CPACA, ni la Constitución, ni el mismo auto que los dejó en evidencia.
“Ya todo se hizo”: el nuevo himno del desorden
El argumento de que “todo ya se ejecutó” es como decir que, si la calle se construyó mal sin elementos técnicos ni cambios de tubería, ya no importa porque igual se inauguró con bulla en el en vivo.
Pues no, señor alcalde Crash. No hay acto consumado cuando el acto es nulo. Y lo dice la jurisprudencia, no yo: los actos administrativos viciados no consolidan derechos ni se salvan con la costumbre del error.
Se lo traduzco al costeño sabanero:
“Sí firmaron decretos, nombraron a la parentela, hermano, cuñada, tío y despidieron a quien les estorbaba y reestructuraron sin ley; todo eso ahora queda bailando en el aire.”
Y le aclaro, un acto suspendido es un acto sin piernas.
El Acuerdo 358 era la base jurídica de todas las “modernizaciones administrativas”. Si se suspende esa base, todo lo construido encima se cae como castillo de naipes: decretos de supresión, traslados, despidos y hasta los nombramientos exprés de familiares y aliados.
Decir que la suspensión no afecta nada es como decir que colocar la motosierra y cortar la raíz no mata el árbol. Pues sí lo mata… y ya empezó a marchitarse.
Ahora bien, señor alcalde, usted dice que “respeta las decisiones judiciales”, pero en la misma frase las descalifica. Es lo clásico de su administración: predica acatamiento, pero practica desdén”, mientras en el fondo piensa que el juez “no entiende de política”.
Y ahí está el error: la justicia no hace política, aplica la ley.
Y esta vez la ley le quitó el filo a su motosierra.
La suspensión del Acuerdo 358 es la primera palada de tierra sobre un acto viciado, improvisado y abusivo. No hay resurrección posible para un muerto jurídico, por más que lo vistan de “modernización”.
Y si la justicia confirma la nulidad, cada decreto derivado será un esqueleto legal que pesará en el elevado déficit, digo el cementerio fiscal a donde lleva el municipio.
Por otro lado, los concejales, los padrinos del muerto
Porque si el alcalde fue el cirujano del desastre, los concejales que aprobaron el acuerdo 328 de 2025 fueron los testigos complacientes que firmaron el certificado de nacimiento del acto nulo. Y lo hicieron sin revisar el estudio fiscal, sin verificar y cumplir la legalidad del trámite, sin advertir los vicios que hoy el juez tuvo que señalar por ellos.
El problema es que la ignorancia legislativa también deja huella disciplinaria.
El artículo 34 de la Ley 734 de 2002 (Código Disciplinario) obliga a todo servidor público a actuar conforme a la Constitución y la ley. Aprobar un acuerdo con vicios sustanciales como la falta de impacto fiscal constituye una falta gravísima por omisión de deber funcional, sancionable con suspensión o destitución, según determine la Procuraduría.
Pero hay más: si la reestructuración produjo daño patrimonial (y todo indica que así va a ser), podría configurarse responsabilidad fiscal ante la Contraloría, e incluso responsabilidad penal si se comprueba que los concejales votaron a sabiendas de la ilegalidad del proyecto. Y todo está grabado, en actas y videos: las sesiones del 4 de abril no mienten.
Así que los honorables concejales que aplaudieron como focas la aprobación del Acuerdo 358 deberían ir preparando su defensa. Porque la ley no los blindará con el clásico “yo no sabía”. En derecho público, la ignorancia no exime, agrava.
Finalmente, El Crash dice que la suspensión “no sirve de nada”, que es “inocua”. Pero los hechos son tercos: el acuerdo está suspendido, los efectos congelados y los responsables en el radar de la justicia. El muerto no solo está enterrado, sino que empieza a oler mal. Y ese olor llega también al Concejo Municipal.
Porque si el Acuerdo 358 fue la criatura consentida del poder, hoy la justicia le ha hecho la autopsia. Y el diagnóstico es claro: falleció por exceso de abuso y falta de legalidad.
