Los grandes proyectos públicos no se construyen únicamente con concreto y acero, como ocurrió con el par vial San Carlos–Florencia–Las Peñitas, entre otras obras de infraestructura. También se edifican con planeación, rigor técnico y responsabilidad en el manejo de los recursos públicos.
El 24 de junio de 2023, durante mi administración, el Comité de Hacienda (CONFIS Municipal) aprobó la hoja de ruta financiera para la implementación del Sistema Estratégico de Transporte Público de Sincelejo.
Allí se dejó establecido que la sostenibilidad del sistema dependería del Fondo de Estabilización y Subvención Tarifaria (FEST), se proyectó su operación durante veinte años y se definieron las fuentes de financiación, apoyadas en los mayores ingresos generados por la actualización catastral y el Catastro Multipropósito. El propósito era claro: que el sistema naciera con respaldo técnico y financiero, evitando improvisaciones futuras.
El acta del CONFIS no solo definió las rutas y la operación del sistema, sino que proyectó durante veinte años los recursos que el municipio debía destinar para garantizar su funcionamiento.
Las cifras hablan por sí solas como se detalla en la siguiente imagen:
En total, el modelo financiero proyectó una inversión cercana a $174.925 millones durante veinte años para garantizar la sostenibilidad del sistema. Es decir, el municipio contaba con una planeación financiera de largo plazo para uno de los proyectos de movilidad más importantes de Sincelejo. La visión era clara: construir un sistema de transporte sostenible que transformara la movilidad de la ciudad.
Sin embargo, dos años después, el debate ya no gira alrededor de la movilidad ni de la puesta en marcha del sistema. Hoy la discusión se centra en el manejo de estos recursos públicos durante la administración de Yahir Acuña.
La cronología es reveladora en el informe de la contraloria general de la Republica COH 3200 2026-1-DN de fecha 25 de mayo de 2026.
El 16 de enero de 2025 se desembolsaron para la construcción de la central de transferencias del sistema estratégico de transporte $2.334 millones para la compra de materiales y accesorios. Un mes después, el 18 de febrero, se giraron otros recursos para transporte ($70 millones) y alquiler de equipos ($278 millones). Finalmente, el 16 de junio de 2025 se desembolsaron $203 millones para salarios y jornales.
En total, casi $2.887 millones fueron entregados como anticipo para ejecutar la obra de la Central de Transferencia. Hasta allí, todo parecía ajustarse al papel.
Pero cuando la Contraloría General de la República realizó la inspección física, el 18 de marzo de 2026, la historia cambió. De los $2.334 millones destinados a la compra de materiales, únicamente pudo verificar físicamente cerca de $418 millones, representados principalmente en acero instalado. El restante, $1.915.955.541,16, no pudo ser soportado ni verificado durante la diligencia.
El contratista sostuvo que existían compras anticipadas, materiales almacenados y efectos derivados de las suspensiones del contrato. Sin embargo, la Contraloría concedió un plazo para aportar los soportes contables y financieros. Según el propio informe, esos soportes no fueron presentados, razón por la cual el hallazgo fue mantenido.
Lo verdaderamente preocupante no es únicamente la cuantía. La Contraloría concluyó que existieron deficiencias en el manejo del anticipo, en la supervisión y en la interventoría, al encontrar que no existía correspondencia entre los recursos desembolsados y la inversión efectivamente acreditada. Por esa razón calificó el caso como un hallazgo administrativo con incidencia fiscal y presunta connotación disciplinaria y penal.
La pregunta que hoy merece respuesta es sencilla: ¿Cómo pasó un proyecto que inició con una estructuración técnica y financiera aprobada por el CONFIS a convertirse en un proyecto cuestionado por la Contraloría por un presunto faltante de soporte de $1.915 millones en recursos del anticipo?
Las obras públicas pueden enfrentar retrasos. Lo que no puede retrasarse es la obligación de explicar, con documentos y soportes verificables, el destino de cada peso perteneciente a los sincelejanos.
La Central de Transferencia no debería ser recordada por los hallazgos de los organismos de control, sino por convertirse en la infraestructura que transformara la movilidad de Sincelejo.
Hoy, lamentablemente, la ciudad acumula cuestionamientos sobre la gestión de distintos proyectos y programas públicos. A las controversias alrededor del PAE, la Corporación Fiesta del 20 de Enero, los contratos relacionados con el Cuerpo de Bomberos y el IMDER, ahora se suma el escrutinio sobre la ejecución de las obras de Metrosabanas.
Lo que comenzó como un proyecto respaldado por estudios técnicos, planeación financiera y una proyección de sostenibilidad a veinte años, hoy enfrenta serios cuestionamientos de los organismos de control. Esa es, precisamente, la diferencia entre planificar una obra y responder por su ejecución.
