En política, pocas cosas delatan más que la prisa. Y pocas piezas de comunicación exhiben mejor el estado emocional de un gobernante que un comunicado redactado en modo “sálvese quien pueda”. Eso fue exactamente lo que hizo la Alcaldía de Sincelejo al publicar, con despliegue oficial, un documento en el que el mandatario anuncia denuncias penales contra medio mundo, convoca auditorías, solicita acompañamientos institucionales, ofrece recompensas y, por supuesto, se declara víctima de “ataques tecnológicos”.
¿El motivo? Un video. Uno en el que el propio alcalde aparece reconociendo —como si se tratara de un comentario cotidiano— que del Programa de Alimentación Escolar, el famoso PAE, se pierden varios miles de millones y que a él le tocaría una nada despreciable tajada. El video estalló en redes, se volvió tema nacional y enterró cualquier intento de minimizarlo. Pero la reacción oficial no ayudó: lo empeoró.
El comunicado intenta una maniobra conocida en la política criolla: desviar la atención cambiando la escala del problema. Si el escándalo es grande, hágalo gigante. Si el asunto lo afecta a usted solo, métale a toda la institucionalidad. Si el video lo compromete, conviértase en víctima de un “ataque digital”. Debe creer que así se hace control de daños; en realidad, así se hace una confesión involuntaria.
Porque hablar de “góleros”, de páginas maliciosas, de conspiraciones informáticas y de denuncias contra senadores no desmonta el contenido del video: más bien parece un intento torpe por ahogarlo en ruido. Uno esperaría que quien es acusado de un montaje salga con un dictamen técnico, no con una avalancha de dramatismo. Y mucho menos con una especie de pliego de cargos contra la mitad del país. Ese libreto ya lo han usado alcaldes, gobernadores y hasta presidentes: todos con el mismo resultado. Mientras más gritan que son víctimas, más evidente queda que están a la defensiva.
El PAE, recordemos, es un programa que históricamente ha sido carne de carroña para contratistas, operadores y politiqueros. Justamente por eso cualquier mínimo indicio de corrupción desencadena sospechas inmediatas. Y si el propio mandatario aparece mencionando cifras y porcentajes como si estuviera repartiendo cuotas en una mesa de juego, esperar que la gente crea que se trata de una “alteración digital” es casi un insulto al sentido común.
Aquí la pregunta no es si el video es real o no. La pregunta es: ¿por qué un alcalde que asegura ser inocente reacciona como alguien acorralado? ¿Por qué en vez de una prueba técnica entrega una colección de amenazas institucionales? ¿Por qué se empeña en convertir un escándalo local en una ofensiva nacional?
Cuando un mandatario está tranquilo, explica. Cuando está seguro, muestra pruebas. Cuando está limpio, no necesita teatralidad. Lo demás —ruedas de prensa urgentes, denuncias anunciadas a granel, oficios a la Corte Suprema y recompensas millonarias— solo demuestra ansiedad, no transparencia.
En Sincelejo ya conocemos de memoria la táctica: cuando la realidad aprieta, se inventa un enemigo externo. Hoy son “páginas maliciosas”. Ayer eran “guerra sucia”. Mañana será cualquier otra historia. Pero lo que no cambia es el origen del incendio: el poder que cree que ocultar es más fácil que explicar.
No lo es.
Y cada comunicado desesperado no apaga el fuego: lo aviva. Porque si algo aprendió la ciudadanía en esta era de celulares y redes, es que quien corre a victimizarse suele tener más que miedo que verdad.
Yahir Acuña entró en pánico.
