Me tropecé con la noticia de que una de las mega cárceles que propuso este gobierno en el Magdalena está a punto de ser inaugurada, pero, casi al mismo tiempo, el grupo que aplaudía este avance criticaba con fervor el desfalco que significa la JEP. Para muchos colombianos resulta irracional que le haya tomado a la JEP tanto años, tan altos sueldos y tanto dinero, condenar a los máximos cabecillas de las FARC. Sin embargo, si el argumento es el dinero, debo decirles con franqueza que una mega cárcel me parece un desfalco mucho mayor y que, tal vez, la justicia y las penas deberían recoger los aprendizajes de ambos modelos caducos.
La justicia restaurativa no busca que paguen sus faltas a través de quitar años de libertad, sino que pretende que uno pueda hacer algo en el presente para que no vuelvan a ocurrir o para reparar el daño que se ha hecho. La JEP impuso este tipo de penas a varios ex guerrilleros, pero siento que muchas fueron tan sencillas, tan básicas que no lograron generar cambios profundos en nuestra sociedad, como poner a Rodrigo Londoño a limpiar tumbas. Sin embargo, eso no quiere decir que este tipo de justicia no funcione, al contrario, es piloto que merece revisarse, fortalecerse para tener mejores penas alternativas.
Mencionaba al inicio que las mega cárceles y privar a personas de la libertad me parece un despropósito porque se tiene a miles de personas con cuarto, comida y seguridad, en un país en el que muchos no tienen ninguna de las tres. Ademas, es bien conocido que desde esos centros penitenciarios siguen operando los líderes de bandas criminales como si nada y sin la zozobra de ser capturados. Si la justicia transicional no funciona y las cárceles parecen más un premio ¿Cómo medimos la eficacia de una pena más allá de la cárcel?
Considero que los centros penitenciarios deberían transformarse para volverse verdaderos lugares de resocialización y, tal vez, una de las formas de hacerlo es a través del trabajo.
Me he imaginado que volvemos las cárceles: fábricas, restaurantes -como ocurre con la fundación de Johana Bahamón- o lugares de cultivo. A los que les he comentado esta idea me han acusado de creer en un modelo esclavista, pero genuinamente me distancio de eso. Si estuviese en mis manos, impondría que cada preso tuvieran que tomar adicionalmente un técnico del SENA y les daría un sueldo que no fuera directo a sus bolsillos: una parte la coge el Estado para poder darles techo y comida; otra se le entrega a las familias de los reclusos; y, por último, una parte la guarda el centro penitenciario para cuando la persona cumpla su pena. ¿Sabían que un preso le cuesta al Estado, en el mejor de los casos, entre 1.2 y 3 millones de pesos?
Esta idea haría que los presos conozcan el valor del trabajo, pero que cuando salgan tengan la formación técnica que les permita encontrar algo afuera y, también, tener un colchón financiero para que no vuelvan a delinquir en busca del dinero fácil. Podríamos llevar esto un poco más allá y acoger lo que ha hecho la JEP, pero con un grado más alto de dificultad. Imaginen que una pena sea reconstruir un pueblo o los edificios dañados por el terremoto, construir las carreteras que le faltan al país, poner a funcionar las vías férreas que tenemos, activar los acueductos de ciudades y veredas que no tienen acceso a agua potable, terminar las universidades y hospitales que se necesitan, tanto por hacer mientras los presos duermen y comen con nuestros impuestos.
Tal vez el único problema de esta solución es que parte de la idea de que la delincuencia es una cosa que surge por necesidad y carencias, pero les dejo a ustedes la tarea de pensar qué hacer con los delincuentes de cuello blanco, con los políticos corruptos, con los empresarios que también cometen delitos. En lo personal me encantaría verlos trabajando por resarcir los grandes robos que hacen como si fueran un preso más.
