El presupuesto de la irresponsabilidad

Noventa mil millones de déficit contable y una pregunta para el Concejo: ¿Quién responde por las finanzas de Sincelejo?

La próxima semana, cuando el Concejo de Sincelejo empiece a estudiar el presupuesto de 2027, no debería limitarse a revisar cuánto quiere gastar la administración ni a escuchar una nueva lista de promesas. Antes de abrirle la puerta a otro año de compromisos, hay una pregunta que el alcalde y su equipo económico tienen que responder: ¿qué está pasando con las finanzas del municipio?

Los estados financieros agregados con corte al 31 de diciembre de 2025, publicados por la propia Alcaldía, ofrecen motivos suficientes para exigir explicaciones. El resultado contable del ejercicio fue negativo en «$90.191 millones». Un año antes, el déficit había sido de aproximadamente $24.027 millones. En términos sencillos, el saldo negativo casi se cuadruplicó. No estamos hablando de una diferencia menor ni de una cifra que pueda despacharse con una frase de cajón.

Hay que precisar que esos $90.191 millones corresponden al déficit contable reportado en el estado de resultados. No equivalen automáticamente al déficit fiscal presupuestal ni prueban, por sí solos, que esa sea la suma que hoy falta en caja. Para saberlo, Hacienda debe mostrar la ejecución presupuestal, el cierre fiscal, las disponibilidades reales y las obligaciones pendientes.

Pero esa precisión no borra la señal de alarma: el resultado económico de 2025 empeoró de manera pronunciada.

Hay otra cifra que exige una explicación pública. Los gastos operacionales pasaron de unos $974.342 millones en 2024 a $1,095 billones en 2025, un aumento cercano a $120.178 millones.

Los ingresos operacionales, en cambio, crecieron alrededor de $64.774 millones. Es decir, el gasto avanzó mucho más rápido que el ingreso. Cuando una familia aumenta sus gastos casi al doble del ritmo con el que crecen sus entradas, tarde o temprano tiene que explicar de dónde saldrá el dinero para cubrir la diferencia. En las finanzas públicas, la obligación de explicar es todavía mayor.

Las cuentas por pagar también llaman la atención. Al cierre de 2025, el municipio registraba aproximadamente «$165.372 millones» en ese rubro, frente a unos $105.848 millones en 2024. Es un incremento cercano al 56 %. Esa cifra no significa que todo esté vencido ni que todo carezca de financiación. Significa que la administración debe informar quiénes son los acreedores, qué obligaciones ya son exigibles, cuáles tienen recursos para pagarse y cuáles vienen acumulándose de vigencias anteriores.

La caja, además, se redujo. El efectivo y sus equivalentes pasaron de aproximadamente $25.663 millones al cierre de 2024 a $12.817 millones en 2025. Es una caída cercana a la mitad. No basta para afirmar que Sincelejo esté quebrado ni permite calcular por sí sola un faltante de tesorería; sí obliga a preguntar cuánto dinero está realmente disponible, en qué cuentas se encuentra, qué recursos tienen destinación específica y qué obligaciones deben pagarse con ellos.

El panorama patrimonial tampoco puede ignorarse. Los pasivos totales aumentaron de unos $412.288 millones a $468.874 millones, mientras el patrimonio cayó de $342.212 millones a $280.296 millones. En palabras sencillas: al cierre de 2025, el municipio tenía más obligaciones reconocidas y un patrimonio contable menor que el año anterior. Estas cifras no cuentan toda la historia presupuestal, pero son demasiado importantes para quedar relegadas a un anexo que pocos ciudadanos leen.

¿Y qué responsabilidad le corresponde al equipo económico? Administrar las finanzas públicas no es solamente preparar documentos, registrar operaciones y presentar un proyecto de presupuesto.

Implica planificar, vigilar la evolución del gasto, proteger la liquidez, anticipar riesgos y explicar con claridad las consecuencias de las decisiones. Si los gastos crecen mucho más que los ingresos, el déficit contable se agranda y las cuentas por pagar aumentan, la ciudadanía tiene derecho a exigir una explicación técnica, concreta y verificable.

Por eso, antes de que el Concejo avance en el estudio del presupuesto de 2027, la Secretaría de Hacienda debe poner sobre la mesa el cierre fiscal, la ejecución presupuestal de 2025, el avance de 2026, la relación detallada de las cuentas por pagar, las reservas presupuestales y las disponibilidades efectivas por fuente de financiación. El Concejo no debería tratar el presupuesto como un trámite ni aprobar nuevas proyecciones sin entender primero los riesgos que muestran las cuentas.

Yahir Acuña, como alcalde, no puede desentenderse de la gestión financiera de su administración. La responsabilidad política no se resuelve delegando los números en una oficina. El equipo económico debe explicar cómo llegó el municipio a estos resultados y qué medidas verificables propone para corregir el rumbo. No bastan las promesas de recaudo, las proyecciones optimistas ni los cuadros que muestran activos sin explicar qué tan disponibles son.

Ante estos resultados, considero que «el equipo económico de la Alcaldía debe presentar su renuncia». No como sustituto de una auditoría ni como una declaración de culpabilidad, sino como una exigencia de responsabilidad política frente a una gestión cuyos resultados requieren explicaciones urgentes.

Si sus integrantes consideran que la situación tiene una explicación técnica satisfactoria, deben demostrarlo con cifras conciliadas y un plan de recuperación creíble. Si no pueden hacerlo, no deberían seguir administrando la caja y las expectativas de los sincelejanos.

El presupuesto de 2027 no puede construirse sobre el silencio frente a las cuentas de 2025. Antes de pedirle al Concejo que autorice el futuro, la administración debe rendir cuentas sobre el pasado inmediato y demostrar que sabe cómo evitar que el desequilibrio se profundice.

Sincelejo no necesita solamente otro presupuesto: necesita claridad sobre sus finanzas, decisiones responsables y un equipo capaz de recuperar la confianza pública.

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