En lo que va de 2025, el alcalde Yahir Acuña Cardales ya ha ofrecido 500 millones de pesos en recompensas, pese a no tener recursos en el Fondo de Seguridad y Convivencia Ciudadana del municipio de Sincelejo. Literalmente, está girando verbalmente al portador cheques sin fondos para conseguir información que permita esclarecer los homicidios y extorsiones que se han disparado en los últimos meses en Sincelejo, “la ciudad más segura” de Colombia.
El 7 de marzo, en las instalaciones del Gran Centro El Parque y a pocas horas de un doble homicidio, ofreció 50 millones de pesos por información que permitiera identificar a los autores materiales.
El 18 de abril, en vísperas de Semana Santa, ofreció en la Brigada de Infantería de Marina otros 100 millones de pesos, ante la alerta por un supuesto plan pistola. Dos semanas después, en un evento de anuncios mesiánicos con el llamado “bloque multicrimen”, elevó la cifra a 300 millones.
El 19 de agosto, tras el homicidio de un ciudadano tolimense en la avenida La Paz, ofreció otros 100 millones. Y más recientemente, el 4 de noviembre, volvió a prometer 100 millones para frenar los homicidios y extorsiones que golpean la capital sucreña.
En suma, solo en anuncios, Yahir Acuña ha girado verbalmente —y sin fondos— más de 500 millones de pesos en recompensas. La pregunta que asalta es obvia: ¿de dónde va a sacar esa plata?
El problema aquí no es de fuente, sino de fondos.
La fuente de estos recursos nace con la creación de la Contribución Especial para la Seguridad, establecida mediante el Decreto 2009 de 1992, que imponía una carga fiscal a las personas que suscribieran contratos de obra pública para la construcción y mantenimiento de vías con entidades del Estado.
El recaudo de esta contribución debía destinarse a la dotación de las Fuerzas Militares y de Policía para afrontar “la ofensiva subversiva o terrorista”, así como a financiar gastos orientados a la seguridad y convivencia ciudadana.
Las entidades públicas contratantes actuaban como agentes retenedoras y giraban el recaudo a la Secretaría de Hacienda territorial. Luego, la Ley 418 de 1997 refinó la contribución, la cual fue prorrogada varias veces y ampliada por la Ley 1421 de 2010. Finalmente, la Ley 2272 de 2022 (“Ley de Paz Total”) la convalidó y actualizó.
En el ámbito municipal, el Acuerdo 2278 de 2020 – Estatuto de renta Municipal-, en su Capítulo IV, fijó una contribución del 5 % sobre los contratos de obra pública, a cargo de quien los suscriba con entidades de derecho público del municipio. Los recursos recaudados deben financiar el Fondo Cuenta de Seguridad y Convivencia Ciudadana (Fonsec).
Y es aquí donde el burro tuerce el rabo: para la vigencia 2025, el municipio de Sincelejo se autoexcluyó como contratante en los únicos proyectos de obra pública que logró gestionar, todos financiados con vigencias actuales y futuras del Sistema General de Regalías.
Entre ellos:
- Proyecto de mejoramiento y construcción de tramos viales del municipio de Sincelejo, por $34.000 millones.
- Mejoramiento en concreto rígido de cinco tramos viales urbanos, por $2.369 millones.
- Construcción de andenes en el parque de Venecia, por $1.482 millones.
En total, $37.851 millones en proyectos cuya contratación la administración municipal decidió eludir, delegando la ejecución al Fondo Mixto “Sierra Nevada”, entidad foránea con domicilio en Valledupar (Cesar).
El detalle crítico es este: al designar una entidad externa como ejecutora —y adelantar todo el proceso contractual fuera de Sincelejo—, el hecho generador de la contribución especial desaparece. Se esfumaron, como por arte de magia, $1.892 millones que debieron ingresar al Fondo de Seguridad del municipio de Sincelejo.
Por eso hoy la olla está raspada para financiar el Plan Integral de Seguridad Ciudadana, Convivencia y Justicia (PISCCJ) del municipio, que incluye el famoso Plan de Recompensas.
El Decreto 339 de 2011 establece que el Comité Territorial de Orden Público debe aprobar, hacer seguimiento y definir la destinación de los recursos del Fondo de Seguridad. Este órgano también es responsable de fijar el protocolo de pago de recompensas, con base en la disponibilidad presupuestal.
En palabras simples: el alcalde no puede salir, a la topa tolondra, a ofrecer recompensas que no hayan sido aprobadas en el Comité de Orden Público ni contempladas en el plan anual de inversiones. Mucho menos sin la debida mesa técnica que valore el alto interés estratégico de la información. No se trata de feriar dinero público con destinación específica como si se tratara de un bingo de barrio.
Para muestra un botón: ¿dónde están los proyectos de fortalecimiento del parque automotor de la Policía, la Armada y la Fiscalía? ¿Dónde la dotación en equipos, tecnología, combustible, sostenimiento del pie de fuerza o las cámaras comunitarias que terminaron saliendo del bolsillo de los ciudadanos? La respuesta es simple no existen porque Yahir Acuña Cardales con su ingenioso modelo de contratación desapareció la plata.
El alcalde ofrece recompensas con la boca mientras deja vacía la caja. Así, no hay seguridad que valga, ni promesa que suene menos hueca que la de convertir a Sincelejo en la “Ciudad mas segura de Colombia”
Urge que los integrantes del Comité Territorial de Orden Público asuman su papel con seriedad y no se presten para avalar la entrega o promesa de recompensas sin disponibilidad real de fondos ni aprobación previa en el plan anual de inversiones del Fonsec.
Hacerlo no solo convierte un mecanismo técnico de seguridad en espectáculo político, sino que los expone a faltas disciplinarias por extralimitación de funciones, responsabilidad fiscal por detrimento patrimonial y hasta procesos penales por peculado o celebración indebida de contratos.
La seguridad ciudadana no puede seguir financiándose con declaraciones de prensa ni promesas al aire: se sostiene con planeación, legalidad y recursos ciertos, no con cheques sin fondo.
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