Como apasionada por las ciudades, sus retos y sus soluciones, y como trabajadora en estos temas, más de una vez me he preguntado por qué los proyectos públicos no avanzan con el mismo dinamismo y velocidad que los privados.
¿Qué nos falta? ¿Qué tienen los privados que el sector público no? La respuesta suele ser confusa e incierta, pero casi siempre se resume en recursos y todas las “ías” que nos respiran en la nuca: burocracia, normatividad, tramitología… Y ojo, eso no significa que en el sector privado no haya problemas, pero sí existe una subvaloración de lo público que deberíamos revisar.
En varias de mis publicaciones he mencionado que los proyectos públicos deberían contar con un “fast track” que permita a los gobernantes inaugurar obras que ellos mismos estructuren. Hoy, lo habitual es ver alcaldes cortando cintas de proyectos que iniciaron administraciones anteriores.
Parte de la solución pasa por eliminar o simplificar barreras burocráticas, licencias, permisos, autorizaciones, que demoran meses e incluso años.
Uno de los cuellos de botella más frecuentes, además de los ya mencionados y los recursos monetarios (que, a mi juicio, no son el mayor obstáculo), es el de los diseños arquitectónicos y urbanos. Viviendo en Estados Unidos y siguiendo experiencias internacionales, he visto con entusiasmo cómo en muchas ciudades las instituciones convocan concursos de diseño abiertos a la ciudadanía para proponer ideas, embellecer espacios y resolver problemas urbanos concretos.
Las ciudades no se construyen solo con cemento y presupuesto: también necesitan ideas, creatividad y voluntad de quienes las habitan. Sin embargo, en América Latina todavía es raro que los gobiernos inviten a sus ciudadanos a diseñar el futuro de sus calles, edificios, parques o plazas.
En otros lugares del mundo, los concursos urbanos ciudadanos son una fórmula probada para acelerar proyectos, sumar talento local y crear espacios que la gente siente como propios.
Por ejemplo, en Nueva York, Reinventing Cities transforma terrenos vacíos en espacios sostenibles mediante convocatorias abiertas y, en Barcelona, el urbanismo táctico prueba cambios temporales en calles y plazas antes de hacer inversiones definitivas.
Me gusta esta estrategia por varias razones. Primero, porque permite ahorrar tiempo y costos: mientras el diseño se abre a profesionales y ciudadanos, los funcionarios pueden concentrarse en otros aspectos que dominan mejor, como la gestión administrativa o la coordinación interinstitucional.
Segundo, porque fomenta la apropiación ciudadana: cuando las personas participan en la concepción de un espacio, se comprometen más con su cuidado y uso. Y tercero, porque acerca a las administraciones insumos de profesionales que conocen la realidad local y entienden las necesidades del territorio.
Claro, no todo es perfecto. Los concursos generan grandes expectativas, publicidad y renders espectaculares que a veces no terminan materializándose. Para que funcionen, es imprescindible que cuenten con respaldo político de alto nivel, que se alineen expectativas y presupuestos desde el inicio, y que existan mesas de trabajo frecuentes entre diseñadores y funcionarios. La comunicación clara y la viabilidad fiscal deben ser reglas de oro.
Si se usan bien, estos concursos pueden ser una herramienta poderosa para que los alcaldes enfrenten retos urbanos con creatividad y eficiencia, construyendo ciudades más habitables, sostenibles y vibrantes. Porque al final, no se trata solo de diseñar espacios: se trata de invitar a la gente a ser parte de la solución, y de demostrar que lo público también puede ser rápido, innovador y de calidad.
