Yahir Acuña Cardales, el mismo alcalde que hoy intercede ante el Ministerio de Defensa para que los miembros de la Fuerza Pública con presencia en Sincelejo sean premiados con una prima adicional de orden público por los logros obtenidos en el modelo de seguridad de la capital —y así oxigenar la economía del pie de fuerza de la ciudad—, meses atrás ordenó desmontar las horas extras que, por concepto de celaduría, se pagaban a 61 servidores públicos adscritos a la planta de personal de la Secretaría de Educación Municipal, destinadas a garantizar la vigilancia permanente de las instituciones educativas oficiales, asfixiando de paso la economía de sus familias.
Por directrices impartidas por nuestro flamante burgomaestre, mediante la Circular 03 del 18 de febrero de 2025, emitida por el secretario de Educación, Diego Alberto Galván Mestra, y dirigida a rectores, coordinadores y celadores de las instituciones educativas oficiales del municipio de Sincelejo, se estableció un tope máximo de 190 horas de trabajo mensual, ordenándose la reorganización de los turnos y prohibiéndose el reconocimiento de horas extras por concepto de celaduría.
Posteriormente, se emitió la circular No. 5 del 20 de febrero de 2025, en la cual ordenan suspender las directrices de los turnos y la jornada máxima de 190 horas semanales hasta que entrara a operar la contratación de vigilancia privada.
Es decir, Acuña ordena suspender el reconocimiento de horas extras por concepto de celaduría, cuya necesidad es palmaria, pues se debe garantizar la vigilancia permanente en las instituciones educativas oficiales, como históricamente se venía haciendo en las administraciones anteriores a la llegada de Pa’lante Sincelejo.
Una decisión que podría interpretarse como una medida de austeridad financiera por causa del déficit fiscal; sin embargo, llama poderosamente la atención que, habiendo celadores de planta en la Secretaría de Educación que pueden suplir los turnos requeridos para garantizar la seguridad continua de los colegios públicos, la administración prefiera adicionar el cuestionado contrato de vigilancia No. LP 001-2024 con la empresa Vipers —negocios políticos— en lugar de garantizar la estabilidad salarial de los celadores que venían prestando el servicio sin inconvenientes.
En esta ocasión, se prefirió adicionar $917 millones para financiar 17 servicios que solo impactan a 15 instituciones educativas oficiales, con una jornada laboral mensual de 10 horas mixtas (5 diurnas y 5 nocturnas), en lugar de reconocer el pago de horas extras a los celadores, quienes ya venían con una confianza legítima en el monto de sus ingresos salariales, complementados precisamente con el pago de estos cargos suplementarios.
Lo preocupante es la idoneidad del personal de vigilancia, quienes, además del curso básico de vigilancia, deben contar con formación complementaria en temas como derechos humanos, derechos de infancia y protección de menores para poder prestar sus servicios en el sector educativo. Experiencia que, según fuentes, se estaría acreditando con diplomas de programas no cursados.
Ahora bien, es notoria la falta de planificación administrativa y presupuestal de esta nefasta alcaldía de la era Acuña, que, aun cuando hace adiciones a contratos de vigilancia de dudosa reputación, dejó sin servicio de vigilancia nocturna a 22 de las 37 instituciones educativas oficiales. Ello porque, al suspenderse el pago de horas extras a los celadores que tradicionalmente cubrían dichos turnos, no hay personal atendiendo las celadurías de sus sedes. en otras palabras los colegios públicos hoy en día están inseguros.
Frente a estas anomalías, el Sindicato de Empleados y Trabajadores de la Educación, el 5 de marzo de 2025, solicitó al secretario de Educación, Diego Alberto Galván Mestra, la información precontractual que fundamentara la decisión de eliminar, sin justa causa, las horas extras y demás factores salariales que históricamente venían devengando los celadores.
La petición recibió respuestas evasivas por parte del jefe administrativo y financiero de la Secretaría de Educación Municipal.
Literalmente, Yahir Acuña Cardales se ha hecho el de la vista gorda frente a los lineamientos sindicales del sector educativo, que rechazan la tercerización y la celebración de contratos que buscan entregar la seguridad de los planteles educativos públicos a empresas privadas, cuando en la planta de la Secretaría de Educación existe personal de carrera administrativa capaz de suplir las necesidades de vigilancia de las propias instituciones oficiales.
Las sistemáticas improvisaciones y omisiones de la administración actual en la estructuración y operación de su planta de personal están causando un daño irreversible a sus propios colaboradores.
No bastó con descabezar a más de 300 empleados en una verdadera masacre laboral, sino que además se asfixia económicamente a aquellos trabajadores en estado de indefensión que nada tuvieron que ver con el déficit fiscal.
Tal es el caso de 60 celadores que, ante la quiebra, se han visto obligados a retirar a sus hijos de las universidades, incumplir compromisos de créditos personales y de vivienda y, peor aún, no poder suplir sus necesidades básicas.
A la fecha, la administración todavía les adeuda dos meses de dominicales y festivos; sin embargo, este populista aparece frente a las cámaras como el gran benefactor de la Fuerza Pública, mientras a espaldas de la opinión pública condena a familias enteras a la indigencia.
Claro, cuando en 22 colegios oficiales quedan a merced de la suerte pupitres, computadores y demás bienes públicos, parece que la preocupación no es de secretarios, rectores ni coordinadores, quienes al fin y al cabo deberían responder disciplinariamente por lo que se pierda bajo su “vigilancia”. Total, siempre habrá un culpable abstracto al que echarle la culpa.
Lo verdaderamente curioso es que, en vez de garantizar las horas extras a los celadores de planta —que conocen sus instituciones y viven de ese sustento—, el alcalde Acuña prefiera engordar el contrato de Vipers. ¿Seguridad escolar? No. ¿Austeridad? Mucho menos. Lo que sí queda blindado, a prueba de todo, son los compromisos políticos.
