La modificación de la estructura administrativa —»reestructuración o modernización»— de la Alcaldía de Sincelejo no fue más que un teatrillo maquiavélico, en el que el alcalde Yahir Acuña implementó un mecanismo sofisticado de manipulación del sistema del empleo público para utilizar un supuesto escenario de rediseño institucional y fundamentar causas legales que justificaran la desvinculación de personal y debilitar así las bases de la estabilidad laboral relativa y reforzada de la que gozaban los empleados de libre nombramiento y remoción y de carrera administrativa de la planta global de cargos del municipio.
Cual macabro titiritero, utilizó las figuras del encargo y la delegación, como hilos invisibles del poder, para así convertir leales súbditos en verdugos letales que presionaran bajo sus órdenes precisas el gatillo que acabó con los sueños de progreso de cientos de familias sincelejanas, mientras tras bambalinas el verdadero determinador de la mayor masacre laboral en la historia de Sincelejo se escondía sin asumir las responsabilidades directas que originaron tal despropósito, que no es más que el déficit de 57.000 millones de pesos cuyo cuadre de caja lo planificaron por la vía más fácil: el recorte de personal.
El titiritero primero comenzó con la expedición del decreto 266 del 5 de abril de 2024, por medio del cual delegó a la secretaria jurídica Dra. Yeimis Urzola Torres la función de «expedir y suscribir los actos administrativos de plantas de personal por incorporación, modificaciones, supresión de empleos, creación de empleos, nivelación salarial y plantas temporales».
En otras palabras, nuestro flamante burgomaestre se desprendió de una de sus principales funciones constitucionales: numeral 3, artículo 15 de la Constitución Nacional, artículo 91 de la ley 136 de 1994, como es dirigir la acción administrativa del municipio.
Este superpoder le permitió a la doctora Yeimis Urzola Torres, bajo la figura de la delegación, crear 390 empleos bajo la figura de Plantas de Empleo de carácter temporal por un periodo de 12 meses en diferentes direcciones y secretarías de despacho como:
Dirección de Justicia y Seguridad:
Secretaría de Movilidad y Dirección de Movilidad y Seguridad.
Dirección de Renta y Catastro
Secretaria general:
Sisbén:
Dirección de Servicios Públicos Domiciliarios:
Esta última polémica por el vil montaje que hicieron a través de una aparente convocatoria interna y pública para proveer las vacantes, cuya lista de elegibles finalmente fue conformada por exsecretarios de despachos y exdirectores que pocos días atrás habían renunciado.
Literalmente, en la alcaldía había un festín del empleo público, y la gran auspicidora por delegación fue la Dra. Yeimis Urzola Torres, quien, para completar la cereza del pastel, expidió el Decreto 357 de 2024, por el cual se crearon 9 cargos. El Decreto 591 de 2024 creó 44 cargos y el Decreto 657 de 2024, que creó 5 cargos más, para un total de 57 cargos adscritos al despacho del alcalde.
En total, la Secretaría Jurídica de la Alcaldía creó 446 cargos que le significaron al municipio, en la vigencia 2024, un sobrecosto de gastos de personal en el orden de los 15 mil millones de pesos, una variación del 37% en gastos de funcionamiento en comparación con la vigencia 2023.
Lo que llama poderosamente la atención es que, para la creación de todos estos empleos adscritos a plantas temporales y a la planta global de empleos del municipio, se hicieron reuniones con el Comité Técnico Temporal y representantes de los dos sindicatos, quienes aprobaron los estudios técnicos para la creación de estas vacantes en cada una de las dependencias antes mencionadas para sustentar la necesidad de vinculación de más personal.
Sin embargo, resulta incoherente que la misma funcionaria pública —Secretaria Jurídica— que por delegación promovió el festín de creación de empleos, meses después sea la alcaldesa encargada que presentó el proyecto de acuerdo para solicitar facultades al Concejo de Sincelejo para realizar la modificación a la estructura administrativa que hoy se configuró en una masacre laboral de inimaginables proporciones que deja en estado de indefensión y pobreza a centenares de familias sincelejanas. Y basada en estudios técnicos que meses atrás sustentaban creaciones de plantas temporales, hoy sirven para supresiones de cargos.
Es decir, la misma persona que ayudó a la creación del cáncer por delegación, terminó siendo la misma persona que solicita facultades para amputarlo, pero esta vez en calidad de alcaldesa encargada mediante Decreto No. 413 del 16 de marzo de 2025.
Todo lo anterior demuestra que Yahir Acuña no tiene un equipo de gobierno con líderes, sino con títeres.
Nuestro supremo líder municipal, en vez de mostrar gallardía y pararse en la raya como director de la operación administrativa, asumiendo su responsabilidad en el proceso de modernización institucional, se le ganó la cobardía y salió corriendo asustado nuevamente a delegar funciones, esta vez por medio del Decreto 655 de 2025, «por medio del cual delega funciones para conformar el equipo técnico del proceso de modernización institucional». ¿Adivinen en cabeza de quién? Nada más y nada menos que el despacho de la secretaria jurídica, es decir, la devota e incondicional Dra. Yeimis Urzola Torres.
Los tontos avispados podrían considerar esta estrategia de “escape” como audaz o brillante, pero no es más que la cueva donde se esconden los cobardes, incapaces de enfrentar las consecuencias de sus decisiones políticas e institucionales.
Ahora bien, ¿será casualidad o es un modus operandi del alcalde que también sea una mujer alcaldesa encargada la que, por medio del decreto No. 1055 de 2025, determinó la estructura orgánica de la administración central y preparó la guillotina para cortar cabezas a discreción y que haya ejecutado las facultades que otra alcaldesa encargada solicitó?
Por mucho que Yahir Acuña se esfuerce en mostrar firmeza o autoridad —incluso amenazando a bandas criminales como si fuera un adalid de la seguridad—, lo cierto es que es un alcalde que gobierna entre las sombras, pues se esconde detrás de las rúbricas de sus secretarios de despacho, funcionarios públicos devotos e incondicionales que profesan una fe ciega, y que por ganar status o estabilidad laboral entregan no solo su voluntad, sino también su libertad y, por qué no, la tranquilidad de sus propias familias. Actuando como si el final de la administración nunca fuera a llegar, como si la impunidad estuviera garantizada.
La firma de un funcionario público no solo valida los actos emitidos en ejercicio de sus funciones, sino que también lo vincula a sus obligaciones y lo responsabiliza por sus decisiones. Además, significa identidad y presencia institucional. Por eso, en realidad, tenemos un fantasma de alcalde deambulando por los corrillos del edificio municipal, como alma en pena.
Aunque con la delegación se crea que se pierden los hilos invisibles del poder, lo cierto es que las acciones del delegatario dejan huellas que conducen a la inevitable responsabilidad del delegante, quien debe vigilar, orientar y responder por los actos de sus delegados.
Así que a otro bobo con sus estrategias de descentralización interna para diluir responsabilidades en las decisiones administrativas que han sido de alto impacto, no solo para el bolsillo de los ciudadanos, sino para la estabilidad laboral de sus colaboradores y la tranquilidad financiera de sus familias.
La delegación es arena movediza: en vez de librarte de culpa, te hunde más en ella.
Posdata: Cuando no pueden debatir con argumentos, voltean fotos. Pero ni así logran poner la verdad patas arriba.
