La figura de la primera dama en Colombia no es un cargo público. No es servidora pública ni ostenta autoridad administrativa alguna. Se trata simplemente de una particular que, por razones sociales y protocolarias, suele acompañar iniciativas comunitarias o institucionales. Esa visibilidad pública, sin embargo, no le otorga poder para intervenir en decisiones que pertenecen a otros ámbitos de la vida ciudadana.
Estos roles, ocupados habitualmente por las consortes de los jefes de gobierno nacional, departamental o municipal, han estado históricamente vinculados a la asistencia social y a labores de beneficencia pública, como una forma de servicio hacia las poblaciones más vulnerables. Por ello, esa visibilidad pública no debería desnaturalizarse convirtiéndose en una herramienta de influencia o presión frente a ciudadanos que simplemente ejercen su derecho a pensar distinto o a cuestionar al poder, y mucho menos para perseguir o afectar a sus allegados o miembros de su núcleo familiar.
Algo similar ocurre con la propiedad horizontal, regulada por la Ley 675 de 2001, que constituye un sistema de autogobierno privado en el que los copropietarios, a través de la asamblea general, toman decisiones sobre la administración y el funcionamiento de su edificio. Se trata de un ámbito estrictamente civil, ajeno a las dinámicas del poder público y a las disputas políticas, donde las decisiones deberían adoptarse con criterios técnicos, administrativos y de convivencia, y no bajo presiones derivadas de posiciones o intereses políticos.
Resulta entonces llamativo que la primera dama de una ciudad capital de segunda categoría, con cerca de 350 mil habitantes —de los cuales una gran proporción vive en sectores vulnerables— parezca dedicar más atención a intervenir e incluso influir decisiones propias de una asamblea de copropietarios, como la elección de la administradora de un edificio, aparentemente por tratarse de un familiar directo de un acérrimo contradictor político de su esposo, que a concentrar sus esfuerzos en acompañar la atención de problemas sociales mucho más urgentes. En una ciudad con desafíos tan profundos, esa prioridad resulta, cuando menos, desconcertante.
Otra manifestación de un estilo de poder que termina desbordando incluso los espacios donde no debería tener cabida los roles más simbólicos de la administración actual y que refleja, además, la fragilidad de un círculo de gobierno que hoy tiene al municipio enfrentando serias dificultades fiscales que superan los 120 mil millones de pesos.
Pero detrás de este episodio surge una pregunta inevitable: ¿Qué puede explicar una reacción de esa naturaleza frente a una decisión tan simple como la elección de una administradora de propiedad horizontal? ¿Qué temores o prevenciones podrían llevar a que una decisión estrictamente administrativa termine rodeada de resistencias políticas? A veces, cuando el poder se acostumbra a no tolerar el disenso, incluso los espacios más cotidianos de la vida ciudadana comienzan a verse como territorios que también deben ser controlados, esta vez las decisiones de una asamblea de copropietarios.
Este episodio también refleja la falta de madurez política en el entorno más cercano del poder Acuña. Cuando la política termina metiéndose incluso en la elección de una administradora de propiedad horizontal, lo que se evidencia no es fortaleza institucional sino debilidad del liderazgo.
Un poder seguro de sí mismo gobierna la ciudad; un poder inseguro intenta controlar hasta los asuntos domésticos para incomodar a sus contradictores. Una clara muestra de su fragilidad y de su miedo a la verdad.
Estar cerca del poder no solo otorga visibilidad; también exige carácter, prudencia y madurez política. Cuando esas virtudes no aparecen, incluso las posiciones más simbólicas como el de “Gestora Social” terminan convirtiéndose en instrumentos de presión impropios de la dignidad que representan. Y eso, más que un incidente aislado, suele ser reflejo de una falta de preparación para asumir con altura los espacios que rodean al gobierno municipal.
