En Sucre, la crisis de los hospitales públicos no apareció de la nada ni cayó como un castigo divino. Tuvo responsables, tuvo fechas y tuvo decisiones con firma. Durante la gobernación de Héctor Olimpo Espinosa, la red hospitalaria dejó de discutirse como un problema que debía fortalecerse y empezó a tratarse como un estorbo financiero que había que recortar.
Las Ordenanzas 042 y 068 de 2020 le dieron al gobernador el poder legal para crear, fusionar, suprimir o liquidar hospitales públicos. En palabras simples: podía decidir cuáles vivían y cuáles desaparecían.
Mientras el discurso hablaba de “modernización”, lo que se estaba cocinando era una reingeniería que debilitaba la red pública existente. Al mismo tiempo, se abrió la puerta para crear una EPS mixta con participación privada, es decir, un modelo donde el poder político podía terminar influyendo no solo en los hospitales, sino también en quién aseguraba y quién contrataba los servicios de salud. No era solo un cambio administrativo; era un rediseño completo de poder en la red pública departamental.
Luego llegó la jugada más grande: la fusión por absorción de la red hospitalaria departamental, con el Hospital Universitario de Sincelejo como eje. Se vendió como la gran solución, como la cirugía que iba a salvar al paciente. Pero los resultados contaron otra historia: hospitales con causales de intervención por la Superintendencia de Salud, deudas que no desaparecieron, trabajadores en incertidumbre y servicios que no mejoraron como se prometió. La fusión no curó la enfermedad; la concentró. No ordenó el sistema; lo dejó moribundo.
Y estos no son cuentos de redes sociales. Hubo hospitales en riesgo financiero, empresas públicas calificadas en rojo y advertencias oficiales sobre la situación. La promesa era eficiencia; la realidad fue inestabilidad. El bisturí administrativo terminó dejando cicatrices más profundas que las heridas que decía venir a sanar. Esa es la fotografía que quedó después de la llamada “Sucre Diferente”.
Pero aquí viene el giro que indigna a muchos. Tiempo después, el mismo dirigente que impulsó esas decisiones apareció con la célebre frase “me obligaron”, retando al Ministro de Salud a un debate público, señalando al Gobierno nacional por la crisis hospitalaria y presentándose como defensor de la red pública. Es decir, quien tuvo en sus manos el poder para fusionar y liquidar hospitales ahora se muestra como víctima de la situación. El ejecutor se convirtió en denunciante. El arquitecto del cambio empezó a hablar como si hubiera sido un albañil más.
Nadie niega que el Gobierno nacional tenga responsabilidad en la financiación de la salud. Pero lo que resulta difícil de digerir es la contradicción: no se puede liderar una reestructuración tan profunda y luego actuar como si los resultados no tuvieran nada que ver con uno mismo. La crisis no empezó en un debate televisado ni en un comunicado de prensa. Empezó cuando se tomaron decisiones con “arrogancia” que alteraron toda la estructura hospitalaria del departamento.
Aquí no se trata de ideologías ni de simpatías políticas. Se trata de hechos. Los hospitales no se fusionaron solos. Las ordenanzas no se aprobaron por accidente. Las facultades para liquidar no aparecieron por arte de magia. Héctor Olimpo lideró el proceso, ejerció poder y tomó decisiones; ahora, que se ponga los pantalones y asuma las consecuencias. Lo demás es narrativa.
Lo que hoy parece un enfrentamiento valiente contra el Ministerio no es más que una estrategia política de asesor de marketing de medio pelo para desviar la atención. Héctor Olimpo, los sucreños no somos ignorantes: el fantasma del desgaste político de la “fusión” se te apareció en plena campaña. Quieres que desaparezca el espanto disfrazándote de afectado cuando eres el único responsable.
La realidad es que la red hospitalaria de Sucre sigue enfrentando problemas serios, y el debate público no paga nóminas ni mejora quirófanos. La política permite reinventarse; la memoria ciudadana no debería olvidar tan fácil. Porque cuando quien tuvo la guillotina administrativa en la mano ahora pide compasión política, no estamos viendo una transformación milagrosa, sino un intento de cambiar el libreto sin cambiar los hechos.
Al final, el problema no es que hoy se denuncie la crisis. El problema es pretender que esa crisis es ajena a quien ayudó a construir el escenario donde hoy se desarrolla. La salud pública no necesita personajes nuevos; necesita responsabilidades claras. Porque en política se puede cambiar de discurso, pero no se puede cambiar el pasado a punta de marketing político.
Ahora el lobo se pretende disfrazar de abuela; la pregunta es: ¿será que el departamento de Sucre será su “Caperucita Roja”?
