EL 4 de octubre de 2002, a eso de las 7:45 de la mañana, dos individuos que se movilizaban en una moto negra, sin placas y de alto cilindraje, intentaban acabar con la vida de Alfredo Ángel Sotomayor Tamara, quien fungía en ese entonces como director del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar Regional – Sucre. Uno de ellos desenfundó su arma y le propinó seis impactos de balas calibre 38 contra su humanidad, dejándolo gravemente herido frente a la mirada impávida del conductor y su hijo menor que lo estaban esperando al interior de su carro institucional a las afueras de su residencia ubicada en la avenida Alfonso López de Sincelejo.
Sotomayor, bañado en su propia sangre, logró ser auxiliado por su conductor, quien pudo detener un vehículo de servicio público para llevarlo a la Clínica Sábanas de Sincelejo. Allí los médicos lograron estabilizar sus signos vitales y salvarle la vida. Un milagro que hoy su protagonista puede relatar con su propia voz.
La investigación de este caso le correspondió a la Fiscalía 190 contra el Crimen Organizado de Bogotá, que ha sido la encargada de elaborar el plan metodológico para evidenciar la comisión del delito de tentativa de homicidio en persona protegida. En este caso, alias “Mano Quemá” confesó su participación material como miembro de las estructuras de las AUC Bloque Héroes de los Montes de María. Por lo tanto, también fueron vinculados el desaparecido Rodrigo Mercado Pelufo, alias Cadena, y Edward Cobos Téllez, alias Diego Vecino, como jefes de dicha organización en Sucre.
Para deducir el motivo delictivo que impulsó a las AUC, Bloque Montes de María, en atentar contra la vida de Alfredo Ángel Sotomayor Tamara, se formularon dos hipótesis que podrían estar vinculadas con su posición como director regional del ICBF en Sucre en 2002, que a día de hoy, 22 años después, aún no han sido corroboradas por la entidad investigadora:
La primera hipótesis tiene relación con las visitas de acompañamiento profesional y psicosocial realizadas por funcionarios del Instituto Colombiano del Bienestar Familiar en el corregimiento de Santiago Apóstol del municipio de San Benito Abad. Estas visitas fueron enviadas por Sotomayor con ocasión de los hechos delictivos realizados por las Autodefensas Unidas de Colombia el día 23 de agosto de 2002 contra habitantes de este corregimiento. Esto facilitó la recolección de datos acerca de las afectaciones de la población juvenil e infantil por la comisión de acciones violentas por parte de los subversivos. Visitas que al parecer no fueron de buen recibo para el Comando Mayor de las Autodefensas en Sucre.
La segunda se refiere a los embargos ordenados en el marco de las gestiones de recuperación de cartera llevadas a cabo por el Instituto Colombiano del Bienestar Familiar en el año 2002 durante la gestión de Sotomayor para recaudar los aportes parafiscales que le adeudaban en ese entonces organismos oficiales y privados del Departamento de Sucre. siendo los mayores afectados los entes territoriales del orden municipal y departamental donde las AUC tenían influencias e intereses económicos.
Sin embargo , independientemente de las hipótesis propuestas o evidencias recolectadas , el 4 de diciembre del año 2023 este caso criminal da un giro inesperado cuando el postulado Salvatore Mancuso Gómez acude ante la Sala de Conocimiento de Justicia y Paz del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla para solicitar la terminación del proceso penal especial de justicia y paz por sentencia anticipada.
En su papel de postulado, Salvatore Mancuso Gómez aceptó de forma libre, consciente y voluntaria la imputación de 591 cargos que corresponden a los patrones de macrocriminalidad de homicidio, desaparición forzada y desplazamiento forzado, ante el Despacho de Control de Garantías de la Sala de Justicia y Paz.
Dentro del abultado inventario de imputación de cargos, en el cargo No. 63 acepta como víctima del conflicto armado paramilitar al abogado Alfredo Ángel Sotomayor Tamara dentro del Patrón Macro criminal de homicidio por el delito de “tentativa de homicidio en persona protegida” por los hechos acaecidos aquel fatídico 4 de octubre de 2002.
De la misma manera que Alfredo Angel Sotomayor Tamara, existen otros miles de víctimas de homicidio, desaparición forzada y desplazamiento forzado, quienes tienen un arduo camino por recorrer para obtener su reparación integral de parte de Salvatore Mancuso. Ojalá no nos quedemos solo en simbolismos, pues sin reparación, aunque haya condena, no hay justicia.
Por lo tanto, resulta vergonzoso que, de manera paradójica, en el contexto del Encuentro Nacional de Sujetos de Reparación Colectiva celebrado en octubre de 2024 en Bogotá, el exjefe paramilitar, delante de 1.500 personas representantes de comunidades étnicas y campesinas víctimas del conflicto armado, firmara un pacto con la Agencia Nacional de Tierras y la Unidad de Víctimas para ayudar a encontrar los “bienes perdidos”, haciendo referencia a los 400 de los 500 bienes que entregó para reparar a las víctimas desde 2007 y sobre los cuales desconoce su paradero. ¡Plop! Al parecer, la plática para la reparación se embolató.
No siendo suficiente lo anterior , nuestro flamante presidente de la República, Gustavo Petro, mediante la Resolución Presidencial No 244 del 13 de agosto de 2023, premia a Salvatore Mancuso designándolo como Gestor de Paz, por considerarlo un excelente asesor de política de negociación para la búsqueda de la “paz total”, una estrategia con la que mancuso pretendía obtener su libertad extraordinaria, y aunque técnicamente dicha solicitud le fue denegada por la Corte Suprema de Justicia el 4 de noviembre de 2024. El ex jefe paramilitar aún sigue en las calles.
Más temprano que tarde, Salvatore Mancuso obtendrá su libertad total, buscará su redención ante la opinión pública con acciones de perdón, pero sin reparación, para luego convertirse en un referente nacional como el gurú de la paz y la reconciliación, con un prontuario lavado con la teatralidad de la política colombiana y burlándose en frente de la misma cara de la diosa de la justicia.
