¡YA! No es un secreto, Sincelejo está en crisis fiscal; las consecuencias del déficit en el orden de los 57.000 millones de pesos no se han hecho esperar y se están haciendo palpables en la administración municipal.
Una problemática que se ha querido minimizar como una situación aislada y coyuntural, donde ni el alcalde, ni su secretario de Hacienda o Jefe de Presupuesto han asumido algún tipo de responsabilidad, ni el concejo municipal hace control político, evidenciándose un pacto de silencio institucional a espaldas de la ciudadanía.
El despilfarro se ha convertido en un cáncer estructural encapsulado en las arcas del municipio que ha venido carcomiendo el patrimonio público de la ciudad capital, haciendo metástasis además en las entidades del orden descentralizado (Metros Sabana, ESE San Francisco, Fovis, Fomvas, Inder), y ojalá no se vuelva terminal cuando no haya tratamiento alguno, y debamos reasignarnos a una muerte financiera con solo medidas paliativas.
Lo cierto es que sencillamente este hueco fiscal solo podrá suplirse con disminución del gasto público, incentivando el aumento en las tasas de recaudo por concepto de impuestos municipales, ya sea con estrategias de descuentos o condonaciones o por cobros coactivos a los contribuyentes (quienes a la final terminarán asumiendo la mayor carga del despilfarro del “más grande derrochador alcalde de la historia”), saliendo a vender bienes públicos o realizando nuevos empréstitos en la banca para financiar deuda pública.
Sin embargo, cualquiera que sea la medida, los únicos “paganinis” seremos sí o sí los ciudadanos de a pie, quienes al final “pagaremos los platos rotos” de este desastre financiero.
Tristemente, los primeros afectados son la planta de personal de la Alcaldía de Sincelejo.
Para disminuir el gasto público, cual populista, el alcalde anuncia con bombos y platillos a voz populi recorte de personal; cual retórica de campaña, crea el falso dilema entre el derecho de los niños al alimento (PAE) y educación (pruebas saber) frente a la estabilidad laboral de su propio equipo de trabajo, como si estos no tuvieran también hijos que alimentar y educar, asumiendo la decisión como un sacrificio personal, cuando todos sabemos que su propia familia cuenta con garantías de estabilidad económica.
La administración, sin planificación alguna, ha implementado medidas de choque, que de seguro traerán consecuencias jurídicas adversas para el municipio con afectación del erario público, recorte de nóminas con imposiciones de renuncias, declaratorias de insubsistencias e improvisadas reestructuraciones en la planta de personal que terminarán con la supresión de cargos y la afectación de derechos laborales de empleados públicos y trabajadores oficiales. Es lo que se avizora a corto plazo.
Reestructuraciones que ya están trayendo sobrecarga laboral en los Secretarios de Despacho, quienes deben asumir, además de las responsabilidades connaturales a sus carteras, la delegación de nuevas funciones de otras dependencias, lo que de seguro traerá mayor traumatismo y ralentizará la operación administrativa del municipio por causa de decisiones tomadas sin la existencia de estudios técnicos que soporten cualquier rediseño institucional que de seguro no está siendo avalado por el Departamento de la Función Pública.
Estas medidas abruptas e improvisadas no solo amenazan la estabilidad financiera de los trabajadores y sus familias, sino además el ambiente laboral en las diferentes dependencias de la entidad territorial, pues los anuncios de recorte de personal crean un ambiente de inseguridad, ansiedad y desconfianza, por causa del temor de ser despedidos.
Sumándose además las precarias condiciones laborales en que se encuentra el personal hoy en día como consecuencia del traslado de dependencias a la sede principal de la alcaldía municipal y a otras sedes improvisadas sin las condiciones básicas laborales por causa del hacinamiento y el incumplimiento de las normas mínimas de salud y seguridad en el trabajo. Nada más, acérquense a cualquiera de las sedes y lo verán con sus propios ojos.
Lo paradójico es que precisamente una de las primeras cabezas que rodaron fue la de la directora del SST de la Alcaldía, lo que demuestra la poca preocupación de nuestro alcalde por las condiciones de trabajo y la salud de sus propios colaboradores.
Cabe preguntarse, en pleno déficit fiscal, ¿de dónde la administración solventará los abultados costos de liquidaciones de prestaciones sociales de los funcionarios retirados como directores, asesores de despacho y otros servidores públicos de libre nombramiento y remoción?
Esperemos que a estos colaboradores se les garanticen sus derechos laborales y en 45 días hábiles tengan en sus cuentas las transferencias de sus acreencias prestacionales; de no ser así, el detrimento patrimonial por concepto de sanción moratoria será inminente, lo que contribuye al crecimiento de la crisis en lugar de atenuarla.
Por otra parte, conforme a la regla fiscal, en los municipios de segunda categoría, como es el caso de Sincelejo, los gastos de funcionamiento con respecto al ingreso corriente no pueden superar el 70% del ICLD, el cual baja a un 61% por estar el ente territorial en Ley 550, es decir, bajo un acuerdo de reestructuración de pasivos.
En otras palabras, para que los gastos de nómina sean un detonante en el déficit de los 57.000 millones, los gastos de funcionamiento han debido superar el 61% de los ingresos corrientes de libre destinación de la vigencia fiscal 2024.
Lo que resulta incomprensible si se tiene en cuenta que con la implementación de la actualización del catastro multipropósito han aumentado los ingresos corrientes de libre destinación, por lo que el porcentaje de gasto de funcionamiento tiene un mayor rango de maniobrabilidad sin necesidad de sobrepasar el 61% del ICLD.
En palabras simples, la nómina de los trabajadores no es la causante del déficit fiscal y, en caso de que se llegara a comprobar que se superaron los topes del 61% del ICLD por los gastos de funcionamiento, el único responsable del mal manejo presupuestal es el administrador municipal y no los empleados de la entidad, por lo que están pagando justos por pecadores.
Hacemos un llamado a la Dirección Territorial del Ministerio del Trabajo Sucre y a los sindicatos de la Alcaldía de Sincelejo para supervisar, vigilar y controlar las decisiones administrativas que puedan tener afectaciones directas en la calidad, estabilidad y seguridad del trabajo de los empleados públicos de la administración municipal, tanto central como de sus entes descentralizados.
