Hay una imagen que vale la pena recordar en la víspera de una posesión presidencial: un niño pegado a la ventana de una escuela en Hatoviejo, escuchando clases que su madre lavandera no podía pagarle. Ese niño se llamaba Marco Fidel Suárez, y décadas después, el 7 de agosto de 1918, juraría como presidente de la República sin más capital que su erudición y su disciplina.
Suárez no heredó apellido ni fortuna; se abrió paso a punta de letras en un país que rara vez premia el mérito puro.
Y no era bogotano: era hijo de Hatoviejo, hoy Bello, Antioquia, una periferia que (como el Caribe) tuvo que conquistar Bogotá desde afuera. Su llegada a la Presidencia probó que el mérito individual sí podía vencer el origen. Pero fue una victoria personal, no estructural: el poder siguió concentrado en la capital, y las periferias siguieron esperando su turno como territorios, no solo como personas.
Mañana, más de un siglo después, ese turno parece empezar a llegar. Pero ya no por la vía individual de la erudición, sino por la vía simbólica y colectiva de la geografía del poder.
Por primera vez en la historia reciente de Colombia, la posesión presidencial no se realizará en la Plaza de Bolívar de Bogotá. Abelardo de la Espriella jurará como presidente en la Arena USC de Cali, y ha anunciado que instalará sedes del Ejecutivo fuera de la capital, impulsando además una reforma constitucional para declarar a Barranquilla como capital alterna de la República, una apuesta que responde a un reclamo histórico de las regiones frente a la concentración administrativa y política que Bogotá ha ejercido desde la independencia.
El caso concreto es elocuente: la sede alterna de la Presidencia funcionará en las instalaciones de la Segunda Brigada del Ejército, en el barrio Paraíso de Barranquilla, y se enmarca explícitamente en la estrategia de descentralización anunciada en campaña para trasladar parte de la actividad del Gobierno Nacional hacia las regiones. Un batallón militar transformado en despacho presidencial: la metáfora casi se escribe sola. Lo que durante un siglo fue infraestructura de control se convierte ahora en infraestructura de gobierno regional.
Y aquí es donde, como observador de las dinámicas territoriales de nuestra región, tengo que introducir una nota de cautela que no le resta mérito al gesto, pero sí le exige consecuencia.
Una sede alterna en Barranquilla no resuelve por sí sola la fragilidad estructural que atraviesa buena parte del Caribe interior.
En Sucre, el diagnóstico que hemos documentado con insistencia habla por sí solo: un PIB departamental que no alcanza el 1% del nacional, una terciarización espuria que supera el 70% del PIB departamental, una informalidad cercana al 68%, una agricultura que ha caído de representar el 60% al 30% del PIB desde 1980, y un déficit fiscal de 2024 superior a los 42.500 millones de pesos.
Barranquilla y Cali son, sin duda, Caribe y Pacífico ganando protagonismo. Pero el interior Caribe sigue siendo la periferia de la periferia si la descentralización se detiene en las capitales costeras con mayor peso económico y político.
La descentralización simbólica debe ir seguida de descentralización sustantiva: competencias fiscales reales, autonomía de planeación, y la posibilidad de que territorios como Sucre accedan a instrumentos como una Zona Económica Especial (ZESA/ZESE), a un Área Metropolitana de las Sabanas plenamente operativa, o a proyectos estructurales como el acueducto regional, un Tren que conecten el corredor interior con el litoral y a dos de las capitales del Caribe Interior (Sincelejo – Montería). Gobernar desde el Caribe debe convertirse en redistribución real del poder territorial.
Pero hay un obstáculo que precede incluso a las competencias fiscales y a los proyectos estratégicos, y es el más difícil de transformar: el marco mental con el que nos pensamos a nosotros mismos como territorio.
Durante décadas, Sincelejo y Sucre se han narrado (y han sido narrados desde afuera) bajo un marco de limitación permanente: el departamento pequeño, el PIB marginal, la periferia que recibe lo que sobra después de que Bogotá, Medellín, Barranquilla y las demás principales ciudades capitales se reparten la atención nacional.
Ese marco no es solo una descripción de la realidad; es también, en buena medida, una profecía autocumplida. Cuando una sociedad interioriza que su límite es su destino, deja de exigir lo que le corresponde y empieza a administrar su escasez en lugar de superarla.
Suárez es útil aquí no solo como anécdota biográfica, sino como prueba de concepto: si un niño sin recursos, sin apellido y sin padrinos pudo reescribir el marco mental que lo definía: de «hijo de lavandera sin futuro» a «presidente de la República», entonces un territorio entero también puede reescribir el suyo.
No se trata de negar las cuatro décadas de fragilidad estructural que documenta el diagnóstico Tuirán García; se trata de dejar de leerlas como sentencia y empezar a leerlas como punto de partida. El cambio de marco no reemplaza la política pública (la ZESA, el Área Metropolitana de las Sabanas, el acueducto regional, la planta de aluminio, el Tren RioMar siguen siendo indispensables), pero sin ese cambio, ninguna de esas herramientas encuentra una sociedad dispuesta a exigirlas y sostenerlas en el tiempo.
Gobernar desde las regiones, como promete el nuevo Gobierno, también debería significar esto: que Sincelejo deje de pensarse como la ciudad que espera turno y empiece a pensarse como la ciudad que construye su propio turno.
Suárez demostró que la disciplina y la inteligencia pueden vencer el origen humilde de una persona. Pero el país que lo vio llegar a la Presidencia nunca resolvió el origen humilde de sus territorios enteros. Ese es, me parece, el verdadero paralelo entre 1918 y 2026: no basta con que un hombre supere su circunstancia; hace falta que los territorios (Sincelejo entre ellos) tengan también la oportunidad de superar la suya.
Mañana, cuando el nuevo presidente jure en Cali y hable de gobernar desde las regiones, el interior Caribe tiene una ventana histórica que no debe dejar pasar: exigir, sin resentimiento pero con la misma firmeza con que Suárez exigió su lugar en la historia, que la descentralización no se quede en las capitales que ya tienen banca, aeropuerto internacional y poder político. La deuda con el Caribe se salda con visión de futuro, proyectos estratégicos estructurados, y mayores recursos y competencias para hacerlos realidad.
