A pocos días del ocho de marzo, predomina en las tertulias el tema de la elección del Congreso que se instalará el 20 de julio, y del resultado de las tres consultas con las que los partidos y movimientos escogerán a su respectivo candidato presidencial para la ronda del 31 de mayo, y eventualmente el 21 de junio.
La discusión se circunscribe a los votos que cada candidato obtendrá, sin mención alguna de sus capacidades para ejercer cualquiera de los cargos en cuestión.
Para el Senado de la República, solo tres sucreños figurarán en la tarjeta, y, entonces, a los votantes de aquí nos tocará escoger entre ellos y los que llegan de afuera para llevarse la mitad de nuestros votos, vendidos al mejor postor con sólo anunciar, de paso o a distancia, ciertas promesas de cajón, todas ellas ajenas a su labor legislativa, como es la de hacer las leyes, reformar la Constitución, ejercer control político y proponer la moción de censura respecto de los ministros del despacho.
Sus discursos van más allá de tales funciones, y entonces ofrecen obras públicas de imposible cumplimiento, que nada dicen de su misión funcional como pudiera ser el sentido de su voto frente a los proyectos vitales sobre la salud, la justicia, la corrupción, los procesos de paz, la descentralización, los servicios públicos y el sistema electoral, el más casuístico de todos, sometido a distintas jurisdicciones como la contenciosa del Consejo de Estado y la administrativa y política del Consejo Electoral, cuya manera de elegir a sus miembros debe ser reformada sin demora.
También queremos oír de todos los candidatos, por ejemplo, cómo será su voto frente al proyecto de ley que convoque a una asamblea constituyente; qué opinan acerca de la circunscripción nacional para la conformación del Senado. Cuál es su posición ante la necesaria reforma de la manera de juzgar al Presidente de la República por razones de indignidad, para que no continúe en manos de la inoperante comisión de la Cámara de Representantes.
Cómo piensan regular las consultas partidistas para que a ellas sólo tengan acceso los miembros del correspondiente partido.
Se necesita saber si le darían paso a la descentralización que propone la Costa Atlántica (ahora Caribe); si aceptarán la rebaja de sus sueldos que decretó el Gobierno; como votarán las reformas tributarias, y cuál es su modelo de Estado eficiente.
Estas y algunas otras reglamentaciones constitucionales o legales son las que deberían ocupar el propósito de los propios y extraños que aspiran a llegar al Congreso, y no la que corresponde a los gobernadores y alcaldes, lo que los ubica en campañas, además de anacrónicas, impropias.
