Yahir Acuña Cardales encarna un estilo de liderazgo que, en mi opinión, se aproxima peligrosamente al narcisismo político. Se presenta como el adalid de la justicia social y el supuesto salvador de todos los males, construyendo una narrativa en la que él mismo ocupa el centro moral de la administración pública.
Su discurso, cuidadosamente moderado, y el tono mesurado de su voz operan como un lobo vestido de oveja: una puesta en escena diseñada para maquillar realidades administrativas nefastas. Bajo esa lógica, el ciudadano deja de ser un sujeto crítico para convertirse en un receptor pasivo y agradecido, al que no le queda otro papel que aplaudir rescates que el propio gobernante se atribuye.
Su perfil autoritario lo enmascara con una falsa humildad y una supuesta empatía. Con palabras suaves despluma la gallina cuando habla de la redistribución de la riqueza “en cabeza de muchos”, mientras genera un hueco fiscal de grandes proporciones que solo sumirá al municipio en la más profunda e histórica pobreza. Todo ello con el propósito de provocar una dependencia sistemática de las clases vulnerables respecto del poder político de turno, que buscará dominarlas con migajas o algunos granos de maíz, haciendo que la gallina desplumada vuelva una y otra vez a sus pies.
Como no es tecnócrata, no toma decisiones sustentadas en la eficacia técnica ni en datos científicos orientados al bienestar social y a la eficiencia administrativa. No conforma su gabinete con asesores expertos, sino que gobierna con un comité de aplausos que le asiente todos sus cuestionables “proyectos sociales”, los cuales apelan más a las emociones populares que a soluciones técnicas reales. Como resultado, está dejando un modelo de gobierno que quebranta la institucionalidad en el corto plazo.
Su estrategia conlleva, además, el uso de un lenguaje de exclusión social y de lucha de clases, al hablar de “ellos” y “nosotros”, para construir el dilema falaz de que durante veinte años los gobiernos anteriores —“ellos”— administraron a espaldas de las comunidades menos privilegiadas —“nosotros”—, mientras que su gobierno se presenta como el supuesto gobierno de los pobres.
Su rostro es de doble faz: el mismo hombre feroz que crea la crisis es el que luego aparece, bonachón, como su supuesto salvador. Es capaz de provocar la mayor masacre laboral en la historia de la ciudad y, al mismo tiempo, convocar a los afectados para ofrecerles contratos de prestación de servicios con el fin de neutralizar eventuales represalias legales. Es el mismo que derrocha los recursos del PAE y que sienta a las manipuladoras a justificar retrasos injustificables en el pago de sus salarios.
No tolera la crítica ni responde con argumentos a quienes lo contradicen. A los opositores los descalifica llamándolos “goleros”, acusándolos de alegrarse con los problemas de la ciudad. Cuando la ciudadanía exige explicaciones, opta por silenciarla, porque, como ocurre con los gobernantes tiranos, solo se siente cómodo en un poder basado en la obediencia ciega: un trono sostenido por aplausos, sumisión y agradecimiento impuesto, no por el debate ni la rendición de cuentas.
Pide disculpas, pero no corrige. Y cuando queda expuesto ante la opinión pública, prefiere amenazar a sus detractores antes que asumir responsabilidades. No se somete ni a la Constitución ni a la ley; desconoce derechos fundamentales, desacata fallos judiciales y actúa convencido de que no es sujeto de control penal ni disciplinario. Por eso se reviste de una impunidad que pretende exhibir como impecable.
En suma, todas estas conductas no describen a un líder comprometido con el interés general, sino a la figura clásica de un tirano solapado: alguien que se disfraza de redentor mientras concentra el poder, debilita la institucionalidad —concejo, contraloría, procuraduría y fiscalía— y sustituye la deliberación democrática por la obediencia y el miedo.
Su aparente mansedumbre no es virtud, sino estrategia; su discurso social no es justicia, sino instrumento de control; y su ejercicio del gobierno no libera, sino que somete y empobrece.
Este tipo de liderazgo, construido sobre el derroche de recursos públicos, la manipulación emocional, la impunidad y la negación del control, no solo erosiona la democracia local, sino que representa un riesgo real y profundo para los sincelejanos, porque normaliza el autoritarismo y convierte el poder público en un botín personal camuflado de salvación colectiva.
