El “Cash” Yahir Acuña está de licencia, pero, curiosamente, ¡su motosierra no!
En Sincelejo está ocurriendo un fenómeno administrativo digno de estudio. Mientras Yahir Acuña permanece apartado temporalmente del ejercicio directo de la Alcaldía, se va a los barrios a tirar mercados a las casas de sus simpatizantes y ordena una masacre laboral que se ejecuta, esta vez, desde la E.S.E. Unidad de Salud San Francisco de Asís.
Ahora, el fenómeno es que la firma visible en el Acuerdo 003 del 31 de agosto de 2026 le corresponde al secretario de Tránsito, Jhan Carlos Troaquero Pérez, presidente de la Junta Directiva y alcalde encargado según Decreto 322 de 2026, junto con Claudia Patricia Quinto Madrid, gerente de la E.S.E. y secretaria de la Junta Directiva.
Por eso, la pregunta resulta inevitable:
¿Por qué el “cash” Yahir acuña nunca firma? Porque ¿No quiere parecer un peligro para la sociedad? o será para evadir responsabilidades?
Esto no comenzó en la E.S.E. En 2025, la administración de Yahir Acuña ejecutó una profunda reestructuración municipal. El Decreto 1057 dispuso la supresión de 258 empleos. La reestructuración también fue presentada bajo el lenguaje de la modernización, la eficiencia y la reorganización administrativa. Pero la historia no terminó con las cartas de retiro.
El Acuerdo del Concejo 328 de 2025, que otorgó las facultades y fundamentó la reestructuración, está suspendido por el Juzgado Octavo Administrativo Oral de Sincelejo, mediante auto del 29 de septiembre de 2025. Por otra parte, el 14 de julio de 2026 se conoció que la Sala IV Civil-Familia-Laboral del Tribunal Superior de Sincelejo ordenó el reintegro de 16 extrabajadores de la Alcaldía, desvinculados durante aquella reestructuración, con consecuencias salariales y prestacionales.
Es decir: la primera pasada de la motosierra ya está produciendo litigios y consecuencias judiciales. Y mientras todavía se discuten las consecuencias de aquella reestructuración, aparece esta: Ahora le tocó a La E.S.E. Unidad de Salud San francisco de Asís la misma película pero esta vez filmada en una institución pública de salud.
La planta original de la Ese pasa de 121 empleos a 46, son 75 empleos menos, una reducción cercana al 62 % del personal vinculado, Una verdadera masacre laboral.
Dicho sea de paso, la E.S.E. Unidad de Salud San Francisco de Asís, que generaba sostenibilidad financiera en 2023, pasó en 2024 a tener un resultado fiscal deficitario de aproximadamente $20.700 millones y 2025 supera ya los 40.000 millones Y aquí la ironía resulta inevitable:
La solución a los malos manejos financieros es suprimir cargos a punta de motosierra y en tiempo récord. Miremos la secuencia: 24 de julio: levantamientos individuales de cargas de trabajo. 31 de agosto: la Junta Directiva adopta nueva planta, escala salarial y manual de funciones. 1.º de septiembre: comienzan a expedirse resoluciones individuales de retiro. 2 de septiembre: se practican notificaciones de despido.
La rapidez demuestra la sevicia con la que actúa el “Cash” contra los empleados, con su justificación de hacer una transformación que reduce aproximadamente el 62 % de la planta.
Por eso, resulta legítimo preguntar cómo, inmediatamente después de aprobar la nueva estructura, estaban listas las decisiones individuales y los análisis necesarios para determinar quién salía, quién permanecía, quién tenía derechos de carrera, quién podía ser incorporado y quién gozaba eventualmente de protección constitucional.
Y aquí aplica aquel viejo refrán: “No hay cosa más peligrosa que un bobo con iniciativa”. No estoy llamando bobo a ningún funcionario. Estoy utilizando un refrán para advertir algo mucho más serio: Cuando en la administración pública se juntan poder, incompetencia, falta de conocimiento, prisa e improvisación, las consecuencias pueden terminar pagándolas todos.
Y aquí aparece la contradicción que hace todavía más difícil entender esta historia.
El Informe de Viabilidad fiscal territorial correspondiente a 2024 situó el déficit fiscal de Sincelejo en aproximadamente $120.518 millones, cifra que ha sido ampliamente objeto de discusión pública. Entonces, tenemos una ciudad financieramente comprometida, que ya afronta litigios derivados de la anterior reestructuración laboral y que ahora presencia otra profunda supresión de empleos en una entidad descentralizada.
La fórmula empieza a parecer repetitiva: Problemas financieros, “modernización”, motosierra y trabajadores para la calle. Pero después pueden venir demandas. Y después de las demandas, eventualmente, condenas. Y las condenas no las paga el discurso de la modernización.
Las pagan los ciudadanos. En medio de toda esta andanada de errores aparecen muchas dudas, y uno de los puntos jurídicos más interesantes dentro de esta masacre es el siguiente: Se suprimen Auxiliares Área Salud código 412 grado 17, pero permanecen Auxiliares Área Salud código 412 en otros grados. Sale un Enfermero 243-13, pero la nueva planta mantiene tres empleos de Enfermero código 243. Se suprimen Profesionales Universitarios código 219 y la nueva estructura conserva empleos bajo ese mismo código. Eso no prueba, por sí solo, una supresión ficticia. Habrá que comparar funciones, requisitos, responsabilidades, naturaleza y remuneración.
Pero precisamente eso es lo que deben mostrar. Porque si después encontramos las mismas funciones siendo desarrolladas por otros empleados o contratistas, la explicación de la motosierra tendrá que ser mucho más convincente.
Y regreso al interrogante político.
Si el alcalde titular está separado temporalmente del ejercicio del cargo, quien ejerce jurídicamente las competencias es el funcionario encargado, dentro de los límites del ordenamiento. Por eso, no podemos simplemente decir que Acuña dio una orden si no tenemos la prueba. Pero podemos —y debemos— establecer quién tomó realmente las decisiones. Porque sería bastante curioso que alguien pudiera disfrutar de las ventajas jurídicas de estar separado temporalmente del cargo y, simultáneamente, conservar informalmente el poder de decisión.
Eso merece investigación. Los s órganos de control deben actuar ahora, Por eso considero que la Procuraduría, la Contraloría y las demás autoridades competentes no deberían esperar a que pasen varios años para revisar lo ocurrido. No cuando hablamos de 75 empleos menos en una Empresa Social del Estado de la ciudad capital. No después de una reestructuración municipal anterior que eliminó 258 cargos y que ya ha producido controversias judiciales. Y mucho menos en una ciudad que enfrenta semejantes dificultades fiscales.
Aquí existen dos patrimonios que proteger. El primero es el de los trabajadores: sus derechos laborales, de carrera y las garantías constitucionales que correspondan en cada caso. El segundo es el patrimonio público.
Porque si mañana aparecen nulidades, reintegros y condenas económicas, la motosierra puede resultar muchísimo más costosa que aquello que supuestamente pretendía ahorrar. Los organismos de control deben llegar antes del daño, no después de la sentencia.
Y, finalmente: Sincelejo ya conoció una gran reestructuración laboral.
Ahora conoce otra. La primera dejó 258 cargos suprimidos. Esta deja 75 empleos menos en la E.S.E.
Y, mientras tanto, las cuentas públicas continúan siendo motivo de enorme preocupación. estamos frente a una administración que encontró en la motosierra su herramienta favorita de gobierno. Lo verdaderamente curioso es que, esta vez, el alcalde titular ni siquiera necesita aparecer sosteniéndola.
La motosierra funciona encargada.
Y por eso termino con una pregunta: ¿Quién pagará si la Motosierra vuelve a salir más cara que Lo que pretendía ahorrar?. El “Cash” es un verdadero peligro para las finanzas de Sincelejo.
