Estamos plagados de análisis. Lo que empieza a escasear es la comprensión.

En política colombiana se ha vuelto habitual asistir a una competencia por encontrar la explicación más rápida. Ocurre algo y casi inmediatamente aparecen las certezas: que el Centro Democrático raicionó sus principios, que detrás de determinada decisión está el “petrouribismo”, que todo responde a una estrategia electoral, que alguien está negociando algo en secreto o que, de alguna manera, todos los acontecimientos terminan conectados.

Todo en todas partes al mismo tiempo.

El problema no es que esas hipótesis existan. Algunas incluso pueden terminar siendo ciertas. El problema es la facilidad con la que se convierten en conclusiones sin haber pasado primero por algo mucho menos atractivo en la era de las redes sociales: comprender el contexto.

Porque comprender exige tiempo. Exige conocer antecedentes, identificar actores, distinguir intereses, revisar hechos, entender las reglas del juego y, sobre todo, aceptar que la realidad política suele ser bastante más compleja que el relato que queremos construir sobre ella.

Pero la complejidad tiene un problema: no suele hacerse viral.

Es mucho más sencillo decir “esto demuestra que…” que preguntarse qué ocurrió antes, qué alternativas tenían los protagonistas, qué intereses estaban en juego y qué otras explicaciones son posibles.

Así hemos terminado confundiendo opinión con análisis y convicción con conocimiento.

Hay una diferencia fundamental entre ambos. Opinar es un derecho y, además, es relativamente fácil. Analizar implica someter nuestras propias certezas a la posibilidad de estar equivocados.

Y ahí está quizás el verdadero problema.

Muchos no observan la política para comprenderla, sino para confirmar lo que ya pensaban.

Si un hecho favorece a quien simpatiza con ellos, encuentran en él una muestra de inteligencia política. Si favorece al adversario, encuentran una conspiración. Si un partido toma una decisión que no coincide con sus expectativas, inmediatamente hablan de traición. Si coincide, hablan de coherencia.

El mismo hecho puede convertirse en prueba de cualquier teoría dependiendo de quién lo interprete.

Eso no es análisis. Es prejuicio buscando argumentos.

Y hay algo todavía más preocupante: se ha instalado la idea de que comprender una decisión equivale a justificarla.

No.

Puedo comprender por qué un partido toma determinada decisión y seguir considerándola equivocada. Puedo explicar los intereses que mueven a un actor político sin compartirlos. Puedo reconocer la lógica de una estrategia sin estar de acuerdo con ella.

Comprender no es justificar. Explicar no es defender.

Precisamente por eso, el análisis serio no necesita convertir a todos los actores en héroes o villanos.

La política no funciona como una película en la que hay buenos y malos perfectamente identificables y cada acontecimiento tiene una única explicación. Hay intereses que coinciden y después se separan. Hay alianzas circunstanciales. Hay cálculos electorales. Hay errores. Hay contradicciones. Hay decisiones pragmáticas. Hay convicciones. Hay egos. Hay información que conocemos y otra que desconocemos.

Y, algunas veces, simplemente hay decisiones equivocadas.

No todo tiene que obedecer a una gran estrategia.

Pero las redes sociales tienen una particularidad: premian la seguridad, no la prudencia. Premian al que responde primero, no necesariamente al que comprende mejor. Premian la frase contundente, incluso cuando detrás de ella no hay investigación alguna.

Por eso abundan las explicaciones definitivas sobre asuntos que apenas están comenzando a desarrollarse.

El analista serio debería tener, por el contrario, una virtud que hoy parece poco rentable: la capacidad de decir “todavía no lo sé”.

Esa frase, que debería ser el comienzo de una investigación, en redes sociales parece una derrota.

Y no lo es.

A veces reconocer que faltan elementos para concluir es mucho más inteligente que fabricar una conclusión con los elementos disponibles.

Colombia necesita menos analistas empeñados en demostrar que siempre tienen razón y más personas dispuestas a entender por qué las cosas son como son antes de decidir qué pensar sobre ellas.

Porque quizá el verdadero problema de nuestra conversación política no sea la polarización.

Quizá sea algo más elemental: hemos aprendido a opinar a una velocidad muy superior a la que somos capaces de comprender.

Y así terminamos viendo política todo en todas partes, al mismo tiempo, incluso donde solamente había una decisión, una circunstancia o un hecho que todavía necesitábamos entender.

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El problema no es la ignorancia. Todos ignoramos infinidad de cosas. El problema aparece cuando alguien desconoce una materia, pero decide hablar de ella como si la dominara; cuando la ausencia de conocimiento se reemplaza por seguridad, y la falta de rigor se pretende compensar con autoridad, títulos o número de seguidores.

Y aquí conviene decir algo que parece haberse vuelto políticamente incorrecto: la ignorancia existe, y reconocerla no es un insulto.

Una persona puede ser extraordinariamente inteligente y, al mismo tiempo, ignorar profundamente una determinada materia. No hay nada vergonzoso en ello. Lo verdaderamente preocupante es que esa persona no lo sepa, o peor aún, que lo sepa y decida hablar como experta de todas maneras.

Hay personas que no saben y preguntan. Eso no tiene absolutamente nada de reprochable. Al contrario, reconocer que uno no sabe es una de las formas más elementales de inteligencia.

El verdadero problema es quien no sabe, pero habla como si supiera; quien desconoce los fundamentos de una materia, pero pretende corregir a quienes llevan años estudiándola; quien confunde una opinión personal con conocimiento especializado; quien comete errores conceptuales elementales y, cuando se los señalan, responde indignado porque considera que cuestionarlo constituye una agresión.

No.

La crítica técnica no es violencia. La discrepancia no es persecución. Señalar un error no es atacar a la persona. Y decir que alguien desconoce una materia no debería convertirse automáticamente en un insulto.

Porque si eliminamos la posibilidad de llamar a las cosas por su nombre, terminamos destruyendo cualquier posibilidad de debate serio.

Una sociedad intelectualmente sana necesita poder decir: “eso es falso”, “ese argumento es técnicamente incorrecto”, “usted no conoce la materia” o incluso “usted está hablando desde la ignorancia”. No para humillar, sino para establecer una frontera indispensable entre conocimiento y opinión.

El conocimiento no se democratiza convirtiendo todas las opiniones en conocimiento.

Un médico no adquiere competencia en derecho porque tenga miles de seguidores. Un abogado no se convierte en ingeniero porque hable con seguridad sobre estructuras. Un economista no se vuelve epidemiólogo porque tenga una cuenta popular en redes sociales. Y tener una profesión tampoco convierte automáticamente a una persona en experta en todas las materias.

La autoridad intelectual se construye con estudio, experiencia, método, evidencia y capacidad para soportar el escrutinio.

Lo contrario es simplemente impostura.

Y quizás uno de los mayores problemas de nuestra época sea precisamente ese: hemos construido un ecosistema en el que la seguridad con la que alguien afirma una estupidez puede resultar más persuasiva que la rigurosidad con la que otro demuestra que es una estupidez.

Las redes sociales agravaron el problema. El algoritmo no premia necesariamente al que sabe. Premia al que genera atención. Y la contundencia, la indignación y la certeza absoluta suelen producir mucho más alcance que una explicación técnicamente correcta llena de matices.

Así terminamos premiando al que habla más fuerte mientras castigamos al que intenta explicar por qué está equivocado.

Hay que recuperar algo que parece haberse perdido: el respeto por el conocimiento.

Eso no significa convertir a los expertos en seres infalibles. Todo lo contrario. Un verdadero experto debe poder ser cuestionado. Pero debe ser cuestionado con argumentos, evidencia y conocimiento, no sustituido por alguien que simplemente habla con mayor seguridad.

Y aquí propongo algo que seguramente generará más de una indignación: Colombia debería discutir seriamente la implementación de exámenes periódicos de suficiencia y recertificación profesional.

Un título obtenido hace diez, veinte o treinta años no puede convertirse en una licencia vitalicia para ejercer una profesión sin volver a demostrar que se conservan los conocimientos, las competencias y las condiciones necesarias para hacerlo correctamente.

No estoy hablando de convertir cada profesión en un concurso permanente ni de castigar a quien olvida un dato. Hablo de algo mucho más elemental: exigir que quien mantiene una habilitación profesional demuestre periódicamente que sigue siendo competente para ejercerla.

Y en aquellas profesiones en las que una actuación deficiente puede comprometer la vida, la libertad, el patrimonio, la salud o los derechos fundamentales de otras personas, la exigencia debería ser todavía mayor.

¿Por qué aceptamos con tanta naturalidad que un vehículo tenga que someterse periódicamente a una revisión técnico-mecánica, pero nos parece una herejía sugerir que un profesional deba demostrar periódicamente que sigue siendo técnicamente competente?

Un título acredita que una persona cumplió unos requisitos en un momento determinado de su vida. No demuestra que veinte años después conserve intactos sus conocimientos ni que esté actualizado frente a los cambios de su profesión.

La medicina cambia. El derecho cambia. La tecnología cambia. La ingeniería cambia. La ciencia cambia. Las profesiones cambian.

¿Por qué tendría que permanecer estático el conocimiento de quien las ejerce?

Y sí: quien no supere los estándares mínimos de suficiencia debería enfrentar consecuencias proporcionales, que pueden ir desde la obligación de actualización y recertificación hasta la suspensión temporal del ejercicio mientras recupere las competencias necesarias.

Porque ejercer una profesión no debería ser un privilegio adquirido para siempre.

La sociedad tiene derecho a exigir que quien cobra por su conocimiento, y especialmente quien puede afectar gravemente los derechos de otros con sus decisiones profesionales, demuestre que realmente sabe lo que dice saber.

Eso no es elitismo.

Eso es responsabilidad.

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El caso del periodista Rafael Poveda, independientemente de cuál sea su desenlace judicial, vuelve a poner sobre la mesa una pregunta que ningún Estado de Derecho puede eludir: ¿cómo proteger eficazmente a las víctimas de violencia sexual sin atropellar las garantías ni la presunción de inocencia?

La respuesta no está en los eslóganes. Está en el derecho.

Es cierto que los delitos sexuales presentan enormes dificultades probatorias. Ocurren, por regla general, en la intimidad, lejos de testigos y, muchas veces, sin evidencia física concluyente. Pretender exigir una prueba imposible sería condenar a la impunidad a un número importante de agresores. Pero de esa realidad no se sigue que la sola formulación de una denuncia baste para destruir la presunción de inocencia.

El proceso penal no fue creado para creer; fue creado para probar.

Esa diferencia, que parece elemental, hoy resulta incómoda. Hemos normalizado la idea de que cuestionar la suficiencia de las pruebas equivale a revictimizar, cuando en realidad esa es la función misma del proceso penal. La justicia no consiste en elegir el relato que genera mayor empatía, sino en determinar cuál resiste un examen racional y objetivo.

Por eso la Corte Suprema de Justicia ha construido una línea jurisprudencial que busca un equilibrio difícil, pero indispensable. Ha reconocido que la declaración de la víctima puede tener un enorme valor probatorio, incluso decisivo, pero también ha insistido en que esa declaración debe ser valorada con criterios de credibilidad y corroboración periférica. No porque la víctima deba cargar con una sospecha permanente, sino porque toda condena penal exige un nivel de certeza compatible con la gravedad de la sanción que impone el Estado.

La justicia no puede funcionar bajo la lógica de que “si denunció, es porque ocurrió”, pero tampoco bajo la de que “si no hay un video o un testigo presencial, no pasó nada”. Ambas fórmulas son igual de incompatibles con un sistema de garantías.

En ese contexto ha cobrado fuerza lo que algunos autores denominan feminismo punitivo: una corriente que, en su legítimo propósito de combatir la violencia contra las mujeres, termina confundiendo justicia con castigo y presunción de inocencia con privilegio masculino, desplazando el centro del debate desde la prueba hacia la denuncia y desde las garantías hacia el castigo.

El problema no es la reivindicación de los derechos de las mujeres —que resulta indispensable en una sociedad donde históricamente han sido las principales víctimas de violencia sexual— si no que comienza a abrirse paso la peligrosa idea de que las garantías procesales son un obstáculo y no la esencia del Estado de Derecho.

Pero las garantías no existen para proteger culpables; existen para impedir que el poder punitivo del Estado condene sin pruebas suficientes. Renunciar a ellas, por noble que parezca el propósito, es aceptar que mañana cualquier ciudadano pueda ser juzgado más por la presión social que por la evidencia.

Un Estado de Derecho no puede permitirse ese intercambio. La justicia deja de ser justicia cuando el estándar probatorio cede ante la presión social o la necesidad de enviar mensajes simbólicos.

A esa dificultad probatoria se suma una realidad social que pocas veces se quiere discutir. Las relaciones entre hombres y mujeres atraviesan un momento de profunda desconfianza. La revolución digital, la exposición permanente en redes sociales y la transformación de las dinámicas afectivas han hecho que muchas personas perciban el relacionamiento interpersonal como un escenario de riesgo jurídico antes que como un espacio de libertad y confianza.

El consentimiento, que siempre ha sido el eje de la libertad sexual, hoy exige una comprensión mucho más clara y responsable por parte de todos. La educación en el respeto mutuo resulta más necesaria que nunca, pero esa necesidad no puede traducirse en la flexibilización de las garantías propias del proceso penal.

También conviene abandonar otra idea equivocada: el acoso, el abuso y la violencia sexual no son conductas cuya capacidad de victimizar pertenezca exclusivamente a un sexo. Aunque las mujeres siguen siendo, con diferencia, las principales víctimas de estos delitos, el ordenamiento jurídico protege la libertad e indemnidad sexual de todas las personas, sin distinción.

También hay hombres víctimas, mujeres agresoras y múltiples escenarios que no encajan en los estereotipos tradicionales. El derecho no puede construirse sobre categorías ideológicas ni sobre presunciones derivadas del género, sino sobre hechos demostrados y responsabilidades individualmente establecidas.

A ello se suma otro fenómeno igual de preocupante: el juicio paralelo. Hoy una imputación suele convertirse en una condena social instantánea. Las redes sociales han reemplazado los estrados judiciales y los algoritmos parecen decidir con mayor rapidez que los jueces. Poco importa si meses o años después aparece una absolución; el daño a la reputación ya será, en muchos casos, irreversible.

Defender la presunción de inocencia no significa negar la existencia de la violencia o el abuso sexual. Y reconocer la gravedad de esa violencia o abuso tampoco implica renunciar a las garantías del debido proceso. Quien plantea ese falso dilema desconoce el fundamento mismo del Estado de Derecho.

También conviene desterrar otra simplificación. Las denuncias falsas existen y el ordenamiento jurídico las sanciona. Pero su existencia no autoriza a desacreditar a todas las víctimas, del mismo modo que una denuncia por violencia o abuso sexual no convierte a todo acusado en culpable. Cada proceso merece ser decidido por sus propias pruebas, no por estadísticas, experiencias personales o campañas en redes sociales.

El derecho penal no puede administrar emociones. Su función es mucho más exigente: administrar hechos. Porque la misma justicia que tiene el deber de condenar al responsable tiene también la obligación de absolver cuando la prueba no alcanza el estándar que exige la Constitución y la Ley.

En tiempos donde abundan las verdades instantáneas y las sentencias dictadas desde un teléfono celular, conviene recordar una idea que parece olvidada: un Estado de Derecho fracasa tanto cuando deja impune a un agresor sexual, pero mucho más como cuando condena a un inocente. La diferencia entre una democracia y una turba no está en el deseo de castigar, sino en la capacidad de demostrar, con pruebas y no con consignas, quién merece realmente ser castigado.

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