Lo ocurrido el 21 de mayo en el barrio Camilo Torres no es un incidente aislado. Es la señal más clara de que la guerra entre Los Norteños y el Clan del Golfo no terminó: se reorganizó. Sincelejo necesita hablar con claridad sobre lo que está pasando.
Una granada, en términos militares, es un mensaje antes que un arma. Cuando se usa contra un negocio, el objetivo no es solo destruir: es demostrar poder y control. El blanco no es la ferretería. El blanco es el comercio de Sincelejo en su conjunto.
Al día siguiente, Los Norteños confirman la autoría y amplían la amenaza: nombran por nombre y cédula a los propietarios de varios negocios de la ciudad que, según el panfleto, «no han querido aportar» (eufemismo transparente para extorsión). El documento concluye responsabilizando a esos propietarios de las muertes de inocentes que se puedan presentar en sus acciones.
Eso es, sin ambigüedad posible, una amenaza de muerte pública. Y merece ser llamada por su nombre.
Durante meses, las cifras oficiales mostraron una reducción histórica de homicidios en Sincelejo. Esa reducción fue real. Pero la lectura que se hizo de ella fue equivocada: no fue el resultado de una derrota del crimen organizado. Fue el resultado de una tregua táctica entre estructuras que continuaron operando.
«El Clan del Golfo les brinda seguridad falsa.» Esta frase del panfleto de Los Norteños vale más que cualquier informe oficial para entender el estado real del conflicto en Sincelejo. Hay dos economías criminales peleando por el mismo comercio. Los que pagan son los comerciantes. Y los que mueren, en el cruce de fuego, son los vecinos.
El panfleto del 22 de mayo confirma lo que advertimos en el análisis de hace unos días: la reducción de homicidios convivió con el mantenimiento del control territorial criminal. La extorsión no se detuvo. El reclutamiento juvenil no se detuvo. La disputa por el comercio no se detuvo. Solo se volvió menos letal, temporalmente.
Lo que ocurrió el 21 de mayo en el barrio Camilo Torres es la reactivación de ese conflicto en su dimensión más visible. Y el panfleto del 22 es su declaración de guerra pública. La ciudad tiene el derecho y la necesidad de saberlo.
Ante una declaración de guerra pública, la respuesta no puede ser el silencio institucional ni la minimización estadística. Sincelejo necesita una respuesta articulada en varios planos, con claridad sobre lo que se está enfrentando. Lo que sigue es la agenda mínima que hemos planteado y que se vuelve indispensable.
Podemos creer en el diálogo como instrumento de paz. Pero el diálogo con organizaciones que amenazan públicamente a civiles con nombre y cédula, que detonan granadas en negocios populares y que declaran operar «por encima de cualquier autoridad de ley», solo es viable si parte de una posición de fortaleza institucional, no de debilidad. Primero el Estado recupera el territorio. Luego hay espacio para hablar de salidas estructurales. No al revés.
Dicho lo anterior con toda claridad, hemos insistido en una verdad incómoda: los operativos policiales son necesarios, pero no suficientes. Los Norteños reclutan en barrios donde el Estado nunca llegó con escuelas dignas, con equipamiento comunitario, con canchas iluminadas, con vías pavimentadas, con empleo formal accesible.
Mientras esas condiciones no cambien, por cada «Comandante Alirio» que se capture habrá un joven de 17 años listo para tomar su lugar.
El barrio Camilo Torres, donde ocurrió el ataque del 21 de mayo, no es un barrio de élites. Es un barrio popular de Sincelejo que, como decenas de otros, tiene décadas de déficit acumulado en infraestructura, en espacio público, en servicios y en oportunidades. Ese déficit es el caldo de cultivo de la extorsión, del reclutamiento y de la guerra urbana que hoy se libra en sus calles.
Construir ciudad no es un acto de generosidad: es la única política de seguridad que tiene efecto permanente. Los operativos detienen. Los barrios con Estado, con parques, con empleo y con futuro previenen. Y la prevención siempre es más barata que la guerra.
Una ciudad que normaliza la extorsión pierde mucho más que dinero. Pierde la confianza de sus ciudadanos en el Estado, la voluntad de sus comerciantes de seguir invirtiendo, y la vida de sus jóvenes que son reclutados para librar guerras que no son suyas.
Sincelejo tiene derecho a exigir claridad institucional, protección real para los amenazados y una inversión territorial que le quite combustible a esta guerra. Eso no es exigir demasiado: es exigir lo mínimo.
