El abigeato no puede dejar a las víctimas al margen.

En este tipo de procesos como en casi todos en Colombia, las víctimas son protagonistas silenciosas de su propia tragedia. Son la parte más débil de la cadena, todos dicen luchar por ellas, pero al final son las mas desatendidas por el mismo gremio, la institucionalidad y el propio estado.

El caso de abigeato que involucra a ocho personas capturadas en Sucre y Bolívar la semana pasada volvió a quedar en suspenso hoy. Este martes, durante una audiencia de legalización de captura, imputación y eventual solicitud de medida de aseguramiento, una jueza municipal de control de garantías de Sincelejo se declaró sin competencia. Consideró que los hechos podrían corresponder a la actuación de un Grupo Delictivo Organizado y remitió el expediente para que se determine qué despacho debe conocerlo.

La decisión abre preguntas necesarias: ¿por qué la competencia no se definió antes?, ¿cuánto tardará en resolverse este conflicto de competencias?, ¿cuándo podrán avanzar las audiencias?

En la primera diligencia, una jueza declaró ilegales siete de las ocho capturas. Esa decisión examinó la legalidad de las detenciones; no estableció la inocencia ni la responsabilidad de los investigados. La Fiscalía apeló, según un reporte público.

Pero: ¿fue sabia o correcta la decisión de la juez? Donde quedo el trabajo de los investigadores que ante un plumazo vieron destrozados meses de trabajo, acaso eso no mereció una valoración seria. De acuerdo con información entregada a esta redacción, al día siguiente se solicitaron nuevas órdenes y cuatro personas fueron recapturadas. Dos más, señaladas como presuntas líderes, seguirían sin ser ubicadas al día de hoy, pero, tendrían órdenes vigentes.

Las Victimas.

En medio de las decisiones judiciales hay personas afectadas que no pueden quedar reducidas a una mención secundaria.

Los ganaderos que denunciaron el robo de sus animales necesitan información sobre sus casos, oportunidad de participar en el proceso y claridad sobre las medidas para recuperar el ganado o reparar las pérdidas. La ley reconoce a las víctimas derechos de intervención y contempla un incidente de reparación integral después de una condena en firme.

También debe investigarse qué pasó con los animales, cual fue su destino final, quien más hace parte de esta cadena de delitos y con los bienes que pudieran estar vinculados a los hechos.

Si la Fiscalía encuentra fundamento, puede solicitar medidas cautelares sobre bienes ante un juez. Y si hay condena, las víctimas pueden pedir reparación integral, que el juez determinará conforme a las pruebas y a la ley. Esto no significa quitar bienes automáticamente a toda persona capturada o investigada: la responsabilidad y cualquier medida patrimonial deben definirse con garantías para todas las partes, pero en este caso debe haber resultados pronto.

Los gremios ganaderos reitero, por su parte, tienen una oportunidad inexcusable e indelegable de respaldar de manera visible a los productores afectados: verificar los pronunciamientos que circulan, identificar voceros y presentar solicitudes concretas a las autoridades.

La comunidad rural necesita una verdadera representación y canales claros para denunciar. La exigencia es sencilla: que el proceso avance, que las instituciones expliquen sus decisiones y que las víctimas sean escuchadas desde ahora. Si se demuestra responsabilidad penal, la reparación del daño también debe formar parte de la respuesta judicial.

 

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