En el parque principal de Sincelejo, frente a la Catedral, hay dos muñecos enormes que llevan uniforme de softbol y sombrero vueltiao, y fueron instalados para ambientar el Mundial de Softbol que la ciudad alberga este año. Hay banderas de decenas de países. Hay arcos metálicos. Hay mascota gigante. Lo que no hay, con la misma certeza documental, es comida en los platos de 45.197 estudiantes del sector oficial de Sincelejo.
Esa es la síntesis de esta entrega. No es una metáfora. Es literalmente lo que pasó: mientras la alcaldía de Yahir Acuña contrató, como lo ha hecho desde el arranque de su gobierno, muñecos decorativos para la navidad, para los juegos y ahora para el mundial —en obras cuya pulcritud técnica también merece examen—, el Consorcio PAE Universal 2024–2027 notificó formalmente, el 31 de marzo de 2026, la suspensión temporal del Programa de Alimentación Escolar por una deuda que el municipio simplemente no pagó.
El PAE: cuando los números mienten en papel
La alcaldía tiene un argumento para todo. Cuando el PAE Colombia —la Unidad Administrativa Especial de Alimentación Escolar, UAPA— visitó 16 colegios en Sincelejo para verificar el estado del programa, la versión oficial era que una orden de fumigación de la Secretaría de Salud había generado una pausa temporal. Una explicación higiénica, aséptica, conveniente.
Los hallazgos en campo contaron otra historia:
• 16/16 Colegios sin PAE en las visitas de verificación
• 9/16 Colegios donde no hubo fumigación — la excusa no aplica
• 2/16 Planteles que no permitieron la verificación
El 98% de cobertura que reporta la alcaldía es una cifra de papel. En 2024, el PAE operó 126 de 191 días del calendario escolar: apenas el 66% del tiempo. En 2025 se dejó de prestar durante 21 días adicionales. El contrato contempla 640 días de plazo con 160 días de prestación por año, cuando la norma exige entre 180 y 191 días. Se suscribió un convenio de tres años que, desde su diseño, no cumple con el mínimo legal.
«Si hay recursos, ¿por qué no se garantiza el servicio completo? El PAE no es un favor. Es un derecho de los niños, niñas y jóvenes.» — PAE Colombia · Red X · Abril 2026
La pregunta es pertinente porque los recursos sí llegaron. El Gobierno Nacional giró la totalidad de los recursos de 2025 antes de finalizar octubre, y en 2026 ya realizó un primer giro superior a los $3.000 millones. Entre 2022 y 2026 las transferencias del nivel central al PAE de Sincelejo crecieron un 51%, pasando de $8.404 millones a $12.710 millones. Los costos del programa también crecieron —los complementos de almuerzo subieron 185% en el mismo período— pero eso no explica ni justifica el no pago.
La auditoría que nadie escuchó: 71 observaciones
Una visita de inspección y vigilancia al PAE de Sincelejo encontró 71 observaciones y 14 recomendaciones por fallas en la operación. No son alertas menores. El informe documenta modificaciones contractuales constantes, inconsistencias en costos, falta de trazabilidad en cotizaciones y uso de precios al detal en lugar de mayoristas —lo que infla artificialmente el costo del programa sin beneficiar a los estudiantes.
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Falla detectada |
Consecuencia |
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Modificaciones contractuales constantes |
Opacidad e inestabilidad operativa |
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Inconsistencias en costos reportados |
Posibles sobrecostos injustificados |
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Falta de trazabilidad en cotizaciones |
Sin evidencia de proceso competitivo |
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Precios al detal en vez de mayoristas |
Incremento artificioso del valor |
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Pagos antes de formalizar modificaciones |
Irregularidad contractual grave |
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Compras locales: solo 8% |
La norma exige mínimo el 30% |
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Retrasos en pago a manipuladoras |
Afectación a las trabajadoras más vulnerables |
El resultado: con más recursos, se garantizan menos días. La ecuación no cierra porque no está diseñada para cerrar. Y las manipuladoras de alimentos —mujeres de estratos bajos cuyo trabajo sostiene el programa— esperan su pago mientras la alcaldía discute en comunicados de prensa.
El déficit como coartada selectiva
El déficit fiscal de Sincelejo es real. El Informe de Viabilidad Fiscal 2024 documentó un déficit de tesorería que obligó a reducir el presupuesto de 2026 y generó alertas en los entes de control. No lo inventó la oposición. El municipio tiene un problema financiero estructural que arrastra desde administraciones anteriores y que la presente gestión no ha resuelto.
Pero el déficit, como toda herramienta narrativa, tiene sus límites cuando se usa de manera selectiva. La pregunta incómoda es esta: ¿para qué alcanza el presupuesto y para qué no alcanza?
Antes del mundial de softbol, la misma administración había manifestado que, precisamente por el déficit, sería muy complejo cumplir con los requerimientos de infraestructura para el evento.
Sin embargo, en el parque principal de la ciudad aparecieron estructuras metálicas, figuras gigantes, instalaciones decorativas y banderas de decenas de países. ¿Qué mecanismo de contratación se usó? ¿Qué estudios técnicos previos sustentaron las obras? ¿Qué supervisión técnica garantizó la idoneidad de las estructuras instaladas en espacio público? Preguntas sin respuesta pública.
Este no es un fenómeno nuevo. Desde el inicio del gobierno, la alcaldía ha contratado muñecos decorativos para diferentes temporadas y eventos. Navidad, juegos, mundiales. El gasto en imagen es constante. El gasto en derechos fundamentales, intermitente.
La Corporación 20 de enero: el otro menú
La Corporación 20 de enero —que toma su nombre de la festividad más auténtica de Sincelejo, se ha convertido en un mecanismo de contratación directa que levanta sospechas fundadas. En la práctica, opera como un brazo contractual de la alcaldía que permite eludir los procesos de selección objetiva contemplados en el Estatuto General de Contratación Pública.
La figura no es ilegal en abstracto. Los convenios de asociación con entidades privadas sin ánimo de lucro están consagrados en el artículo 355 de la Constitución y en el Decreto 092 de 2017.
Pero ese mismo marco normativo exige que la entidad cooperante tenga objeto social relacionado con la actividad contratada, que el proceso sea competitivo y que exista supervisión efectiva. Cuando una misma corporación aparece reiteradamente como ejecutora de contratos de muy diversa naturaleza —ornamentación, eventos, obras menores—, la pregunta sobre el lleno de requisitos deja de ser académica.
Sincelejo tiene una informalidad laboral del 68,3% según el DANE, la más alta de las ciudades monitoreadas en el país. Es la ciudad donde más personas trabajan por fuera del sistema, sin seguridad social, sin estabilidad. En ese contexto, la contratación pública debería ser un instrumento de formalización y dinamización económica local.
En cambio, cuando las compras locales del PAE apenas alcanzan el 8% siendo el mínimo legal el 30%, y cuando los contratos se adjudican de manera recurrente a las mismas entidades, el problema no es solo técnico: es político.
El Concejo: el silencio que también gobierna
El control político es la función más importante de un concejo municipal. No es opcional. No es una cortesía. El artículo 313 de la Constitución y el artículo 32 de la Ley 136 de 1994 son explícitos: el Concejo Municipal ejerce control político sobre la administración local. Citar al alcalde, a sus secretarios, a los gerentes de las entidades descentralizadas, no es una agresión al gobierno de turno. Es el mandato constitucional.
En Sincelejo, algunos concejales han declinado ejercer ese control. Ante una crisis del PAE con documentación pública, ante un déficit fiscal con alertas formales de los entes de control, ante contratos de dudosa estructuración técnica, el silencio de parte del Concejo no es neutralidad. Es complicidad activa por omisión.
Cuando un concejal elegido para fiscalizar decide no hacerlo, no se abstiene de la política: elige un bando. Y ese bando no es el de los 45.000 estudiantes sin almuerzo.
La ciudadanía, en todo caso, no parece compartir la indiferencia. Según la encuesta de DatAnálisis para las principales ciudades del Caribe colombiano, el alcalde Yahir Acuña tiene el 37% de aprobación y el 55% de desaprobación —posicionándolo en los últimos lugares de la región, solo por encima de Carlos Pinedo en Santa Marta. Ese es el termómetro ciudadano que el Concejo, en su silencio, ignora.
Lo que los muñecos no pueden cubrir
Hay una lógica territorial en todo esto que conviene nombrar. Sincelejo es la capital de un departamento cuyo PIB representa menos del 1% del PIB nacional, con una terciarización espuria que supera el 70% del aparato productivo, donde la informalidad no es un dato estadístico sino el modo de vida predominante. En ese contexto, el Estado local —la alcaldía y gobernación, las entidades descentralizadas— es el principal empleador, el mayor comprador y el único actor con capacidad real de redistribución. Cuando ese Estado falla, no hay un mercado vigoroso que amortigüe el impacto.
La matrícula oficial en Sincelejo cayó de 49.475 estudiantes en 2024 a 45.197 en febrero de 2026 según el SIMAT. Son más de 4.000 niños y jóvenes que salieron del sistema educativo oficial. No todos los factores son responsabilidad de la alcaldía, pero el PAE —la alimentación escolar— es documentadamente uno de los principales mecanismos de retención escolar en poblaciones vulnerables. Cuando falla el almuerzo, fallan también las matrículas.
Un gobierno que llega al cuarto año con la informalidad más alta del país, con una deuda de $31 mil millones a quien alimenta a sus estudiantes, con obras de dudosa estructuración técnica en espacio público y con una corporación de nombre festivo operando como brazo contractual, tiene un problema que los muñecos en el parque no van a resolver.
Los muñecos sonríen. Los presupuestos no cuadran. Los niños esperan. Y el Concejo, ese cuerpo elegido para que la ciudad se mire en el espejo, prefiere mirar hacia otro lado. Sincelejo merece más que una gestión que gestiona la apariencia. Merece una que gestione la realidad.
