En Sincelejo, en la vigencia fiscal 2024, la administración del CRASH decidió supuestamente invertir más de $7.535.734.260 en menos de cuatro meses para promover el arte, la cultura, la convivencia y las buenas costumbres. El problema es que, sin continuidad, sin seguimiento y sin resultados verificables, esa inversión terminó reducida a gasto ineficaz que no se traducen en impactos reales. En otras palabras el proyecto “ Ciudad de esperanza ” termino siendo más un argumento de ejecución que una política seria de transformación.
Cuando se revisa con detenimiento la Resolución No. 1559 del 21 de agosto de 2024, por medio de la cual se ordeno la trasferencia de estos recursos a la Corporación 20 de enero , y que fue suscrita por la secretaria jurídica Yeimi Urzola, así como los contratos derivados del proyecto y firmados por el gerente de la corporación, Luis Arturo Payares Quessep, y el consolidado de ejecución, el panorama deja de ser administrativo para convertirse en un asunto jurídicamente preocupante.
Basta revisar la distribución del gasto para entenderlo. Más de $2.300 millones en alimentación, cerca de $2.200 millones en talento humano, alrededor de $920 millones en logística y $300 millones en uniformes. En contraste, la capacitación —que debería ser el eje de cualquier intervención social seria— apenas alcanza los $200 millones. La pregunta es inevitable: ¿ dónde está realmente el componente transformador del programa?
y que decir del programa “Jóvenes de Paz”, donde la construcción de paz parece cuantificarse en 1.000 gorras por $30.000.000, 1.000 camisetas por $30.000.000, 1.000 chaquetas impermeables por $80.000.000 y 1.000 escarapelas por $10.333.000. A ello se suman cifras aún más llamativas, como $350 millones en hidratación o más de $1.500 millones en almuerzos. Es decir, una ejecución centrada en bienes y servicios logísticos que desdibuja el propósito de cualquier política pública orientada a la convivencia.
Los documentos también revelan una uniformidad difícil de pasar por alto: 113 contratistas vinculados mediante órdenes de servicio consecutivas, todos el mismo día —1 de diciembre de 2024—, con valores prácticamente idénticos, misma modalidad de pago, igual objeto contractual, igual duración y el mismo proceso de “capacitación”.
Este tipo de esquemas, al menos en apariencia, podrían ser compatibles con prácticas como el fraccionamiento indebido del contrato estatal, en la medida en que fragmentan la ejecución para facilitar su manejo operativo.
A ello se suma un elemento especialmente delicado: la magnitud y simultaneidad de las actividades logísticas, alimentarias y operativas descritas en los documentos hacen razonable cuestionar si parte de la ejecución pudo haberse iniciado antes de la formalización contractual. De confirmarse, no estaríamos ante un simple problema administrativo, sino frente a una posible vulneración de principios básicos como la legalidad del gasto, la planeación y la responsabilidad fiscal.
No es casual, entonces, la renuncia de entidades como CECAR y la Cámara de Comercio a su participación en dicha corporación. Lo que emerge del análisis no es simplemente un programa social: es un modelo de ejecución que, bajo el ropaje de “cultura ciudadana” y “jóvenes de paz”, termina concentrando la mayor parte de los recursos en componentes logísticos y operativos.
Por ello, desde esta tribuna se hace un llamado a los órganos de control para que verifiquen esta información. La Corporación Fiestas del 20 de Enero, concebida originalmente para la organización de eventos festivos, ha terminado ejecutando recursos por cifras superiores a $90.000 millones en múltiples frentes —programas sociales, infraestructura y logística— sin que exista un control efectivo del Concejo Municipal, una rendición de cuentas transparente o una supervisión visible por parte de los entes de control.
La situación resulta aún más compleja si se tiene en cuenta que, tras la salida de sus socios institucionales, la corporación opera en la práctica como una entidad de naturaleza privada administrando recursos públicos, lo cual exige un escrutinio mucho más riguroso. Incluso, no puede descartarse que existan problemas de validez en sus decisiones internas, lo que eventualmente podría trasladar cuestionamientos a la legalidad de los actos que expide.
No estamos frente a un programa diseñado para rescatar jóvenes de la violencia. Estamos ante un modelo que, bajo el discurso de la paz, parece orientado a flexibilizar —o incluso eludir— los controles propios de la contratación estatal, utilizando la estructura de una corporación que hoy opera sin contrapesos visibles.
Aquí no se salvó a la cultura, la convivencia o los jóvenes de la violencia: se salvó la contratación de los controles estatales.
